Eduardo Torres-Dulce, Javier Vega de Seoane, José Maria Alonso, Pascual Sala, Isabel Dutilh y Jesus Sáinz.
El Círculo de Empresarios alerta del activismo judicial que rechaza muchas reformas impulsadas por el legislador
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23/2/2018 05:58
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Actualizado: 22/2/2018 22:34
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Normas defectuosas con escasa calidad y poco estables, escasas inversiones públicas en justicia, excesiva litigiosidad en la vía contenciosa, la falta de tecnología en nuestra administración de justicia y el activismo judicial de algunos magistrados, son algunos elementos que el Círculo de Empresarios ha detectado en un informe hecho público este jueves.
Los inversores valoran necesario apostar por la eficiencia, calidad e independencia judicial, y la existencia de una legislación clara y estable.
En su pagina diecisiete del citado estudio se habla del problema del activismo judicial. Y se dice que “existe la tendencia de algunos tribunales a buscar soluciones consideradas justas, aunque se separen de una interpretación de las leyes aplicables. A través de lecturas forzadas de los textos normativos, hay un alejamiento del programa normativo que el legislador democrático ha adoptado”.
También se die que resoluciones significativas “algunos jueces han llegado a convertirse en auténticos reguladores de facto. Con ello, han asumido funciones que corresponden a otros poderes del Estado”. Para esta entidad dicho comportamiento agrava los problemas de seguridad jurídica detectados en dicho informe porque “el grado de imprevisibilidad del Derecho para muchos operadores jurídicos aumenta de forma preocupante”.
Este comportamiento de los tribunales genera “lecturas correctivas de las leyes, frustrando, en cierta manera, la aplicación de las medidas que el legislador había considerado adecuado introducir para hacer frente a la crisis económica. Hay casos en que las sentencias contienen razonamientos de tipo económico para justificar las conclusiones críticas con las leyes y actos del poder público, razonamientos que a veces son pocos rigurosos”.
Por último se señala que “hay ejemplos relevantes que ilustran una actitud judicial de rechazo de las reformas arbitradas por el legislador. Algunas de las resoluciones más importantes en ese sentido han traspasado nuestras fronteras, afectando a la imagen de España como país atractivo y seguro para la inversión exterior directa”.
En este estudio del Círculo de Empresarios “La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social” han participado una treintena de juristas en los tres años de gestación del propio informe. En su interior se proponen una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento y la calidad de nuestro sistema judicial.
En esta presentación intervinieron el presidente del Círculo, Javier Vega de Seoane; el decano del Colegio de Abogados de Madrid y presidente de Baker MacKenzie, José María Alonso; la vicepresidenta del Círculo y copresidenta del Grupo de Trabajo de Seguridad Jurídica, Isabel Dutilh así como el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce , socio de J & A Garrigues, y el ex presidente del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial y socio consultor de Roca Junyent, Pascual Sala.
Entre los asistentes que acudieron a este evento destacar al presidente Audiencia Provincial, Eduardo de Porres; la fiscal Superior Comunidad de Madrid, Jesús Caballero; la viceconsejera de Presidencia y Justicia CAM, Isabel Díaz Ayuso; el juez decano de los Juzgados del Plaza Castilla, Antonio Viejo; la Vicepresidenta Cámara de Comercio España-EEUU, Petra Mateos-Aparicio; el consejero Delegado Gas Natural, Rafael Villaseca; el Vicepresidente ACCIONA, Juan Ignacio Entrecanales, el presiente de NAZCA PRIVATE EQUITY, Miguel Canalejo y el consejero delegado de VOLVO GROUP, Stephane de Creisquer.
Justicia segura que impulse el crecimiento económico
Vega de Seoane afirmó que “ una Justicia más rápida y segura, con criterios claros y comprensibles, con una adecuada coordinación de todas las Administraciones implicadas y en la que se fomenten los medios alternativos de resolución de conflictos , como el arbitraje o la mediación, debe ser un objetivo Ineludible para un país que quiere crecer y progresar».
Por su parte José María Alonso, decano del ICAM y aún miembro de la Junta directiva del Círculo de Empresarios, resaltó el papel de la abogacía en este entorno empresarial “es fundamental que los poderes públicos hagan las consultas pertinentes en determinadas normas jurídicas”.
También recordó que debe mejorarse la calidad de dichas normas y que las resoluciones judiciales “deben ser previsibles en este Estado de Derecho”. Por último pidió al Estado una mayor inversión en justicia gratuita “ hay que darse cuenta que se trata de ayudar a aquellos ciudadanos que no tengan recursos”, apuntó.
En el mencionado informe se insiste en su prólogo que “el mal funcionamiento de la Justicia genera costes que condicionan el crecimiento y el dinamismo económico” y añade n que “las empresas valoran el atractivo de un país como destino de su inversión considerando entre otro s factores la eficiencia, calidad e independencia judicial , así como la existencia de una legislación clara y estable ”.
Isabel Dutilh, Pascual Sala, José Maria Alonso, Javier Vega de Seoane, Eduardo Torres-Dulce y Jesús Saínz.
En su turno de palabra, Pascual Sala, por su parte, hizo hincapié en el arbitraje “como sistema alternativo al judicial en la resolución de controversias” y en la necesidad de “fomentar su difusión tanto en los arbitrajes domésticos como en los internacionales, partiendo de la base de que España cuenta hoy con una legislación arbitral de las más modernas y completas del mundo ”.
Hay que recuperar la seguridad jurídica
Fue Isabel Dutilh, quien explicó las recomendaciones del documento para mejorar la percepción que se tiene de la justicia. Así se apuntó que “las instituciones deben garantizar adecuadamente la seguridad jurídica ”, algo que resulta crucial para el buen funcionamiento de la economía”, resultando perturbador “que las ley es, en general, sean de baja calidad técnica».
También señalo que “los poderes públicos con capacidad normativa deben comprometerse a favor de la estabilidad de las normas, evitando cambios sorpresivos que dificultan la planificación de la actividad empresarial”.
Asimismo, se indicó “aumentar en los Presupuestos Generales del Estado el gasto público dedicado a la Justicia gratuita, que es insuficiente en comparación con la media de la Unión Europea”. También se sugiere “profundizar en la modernización tecnológica de la Justicia, asegurando la máxima interoperabilidad de los sistemas informáticos de los diversos territorios».
En el campo del Derecho de la competencia , el informe destaca que “conviene asegurar que los jueces revisen con plenitud las cuestiones fácticas y jurídicas que las empresas plantean en sus recursos frente a las decisiones de las autoridades de defensa de la competencia”.
Igualmente, Dutilh explicó que “conviene modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal para encomendar al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos, en cooperación con la policía judicial en este terreno”.
El documento denuncia que “existen casos de clara conculcación del derecho a la presunción de inocencia en la fase de instrucción del proceso penal” y considera que “no es admisible que el contenido de la instrucción se filtre a los medios de comunicación, debiendo aplicarse los mecanismos dirigidos a perseguir eficazmente las filtraciones”. También aboga por que “las normas sobre los plazos mínimos deberían ser escrupulosamente respetadas ”.
“En materia concursal se afirma conviene dotar de mayor flexibilidad al procedimiento para hacerlo menos costoso y favorecer la continuación de la actividad empresarial”. Se apunta igualmente a la necesidad de “suprimir los privilegios de los que disfrutan los crédito s de las Administraciones Públicas así como la sucesión de deudas con Hacienda y la Seguridad Social al adquirir unidades de negocio”.
Finalmente se apuesta por “fomentar la mediación como modo alternativo de resolución de controversias” y se anima a “extender la cultura del arbitraje y adoptar medidas para la confianza en la institución arbitral aunque se es consciente de la falta de arraigo de estos métodos extrajudiciales en nuestro país”.
El documento denuncia que “casos de clara conculcación del derecho a la presunción de inocencia en la fase de instrucción del proceso penal” e indica que “no es admisible que el contenido de la instrucción se filtre a los medios de Comunicación”.
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