A José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, no le cabe la menor duda. La Ley de Transparencia, actualmente vigente, no es perfecta: «A la Ley de Transparencia le doy un 8 de nota, tiene ciertas limitaciones», explicó ayer a Confilegal tras la presentación del libro “Los límites al Derecho de acceso a la información pública”, que tuvo lugar en el salón de actos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en Madrid.
Bandrés, que es el autor del prólogo a esta obra colectiva de 15 autores, califica la obra de «guía práctica de aplicación del derecho en este campo».
«El texto va dirigido a los ciudadanos cómo ejercer el derecho frente a las Administraciones Públicas, también está dirigido a los especialistas en derecho público, a los órganos de control y de transparencia administrativa, en cuanto que configura las pauta interpretativas que han realizado el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y también dirigido a los propios jueces contencioso-administrativos que van a resolver los conflictos entre los ciudadanos y las Administraciones públicas que se susciten en este campo», explica.
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La transparencia, en opinión de Bandrés, es uno de los temas «más relevantes del funcionamiento del sistema democrático». Porque configura «el derecho de acceso a la información pública. En Estados Unidos es un tema crucial. ya desde el caso Watergate se aprobaron una leyes en 1976 y supone que los ciudadanos tengan acceso a la información pública de forma que puedan ejercer el derecho de control de los poderes públicos».
En la presentación de la obra tomaron parte, junto con Bandrés, Manuel Arenilla Sáez, director del INAP, y tres de los autores: Manuel Luis Pérez García, subdirector adjunto de la Asesoría Jurídica del Departamento Cuarto del Tribunal de Cuentas, coautor del capítulo coautor del capítulo «La protección del medio ambiente», junto a Sergi Monteserín Heredia, letrado consistorial del Ayuntamiento de Gavá, Barcelona; y Nuria Romera Santiago, letrada de la Dirección General de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, autora del capítulo «La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva».
Entre los asistentes, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca.
