Carlos L. Alfonso, catedrático de derecho del Trabajo: “Los ciudadanos tienen derecho a tener buenos servicios públicos”

Carlos L. Alfonso Mellado, catedrático de Derecho del Trabajo.Carlos L. Alfonso Mellado, catedrático de Derecho del Trabajo. Carlos Berbell/Confilegal.
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“Los ciudadanos tienen derecho a tener buenos servicios públicos, no cualquier servicio público. Esto es fundamental”, según Carlos L. Alfonso Mellado, catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, coautor del libro colectivo “El interés general y la excelencia en los servicios públicos”, recientemente publicado.

¿Gestión pública o gestión privada?, se pregunta Alfonso Mellado: “No hay una única respuesta”.

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“Habrá que ver cuál de las dos garantiza mejor, en cada caso concreto las condiciones que debe cumplir un servicio público. No se puede decir que lo público es mejor, o lo privado es mejor. Porque no es verdad. En unos casos será mejor lo público que lo privado y en otros casos, al revés”, explica.

Para Alfonso Mellado -que también es presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana-, “cada caso es único. No existe una solución general válida para todos”.

“Un componente organizativo esencial es garantizar calidad del servicio público, que tiene que ser un servicio socialmente responsable”, añade.

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“Esto implica muchas cosas. Implica que sea un servicio sostenible –eficiente- desde el punto de vista económico, medioambiental y laboral. Son un montón de factores que hay que tener en cuenta y que influyen a la hora de tomar una decisión en un sentido o en otro”.

Limitaciones jurídicas

Desde el punto de vista de Alfonso Mellado “limitaciones jurídicas hay muchas”.

Y cita el primer caso moderno de reversión que ha llegado a los tribunales, de un Ayuntamiento en Valladolid. “En este asunto lo que se valora mucho es la motivación. Si el Ayuntamiento ha motivado su decisión, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, la racionabilidad económica, la mejor calidad del servicio público”, cuenta.

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Cualquier decisión que se tome, en ese sentido, ha de estar motivada según esos criterios: “calidad del servicio y sostenibilidad, eficiencia, es lo que se le exige a la Administración”.

Limitaciones laborales

Otro tipo de limitaciones son las laborales.

“Las limitaciones laborales son esenciales. Porque normalmente el contratista privado tiene un personal y se intenta que este personal siga la suerte del servicio. Si otro contratista o la Administración se hace cargo del servicio, que se haga cargo de este personal”, avanza.

“Como empleados públicos. Sólo se contemplan las tasas de reposición. Y como empleados laborales se requiere que se den las condiciones para que haya sucesión de empresa. Y eso requiere que pase la actividad y los bienes con los que se presta la actividad”, cuenta.

Esta es, al final, una decisión política.

Si se asumen esos bienes se podrá asumir al personal asignado al servicio.

“Esto, muchas veces, no se explica a los trabajadores. ¿Qué quiere decir ‘personal asignado al servicio’? Que si cambia la Administración y decide reprivatizar el servicio, volverían al sector privado. No serían nunca empleados públicos”, aclara.

Algunos servicios tienen que ser públicos

Muchos servicios, en su opinión, tienen que ser públicos porque es difícil que sean rentables.

“En esos casos la rentabilidad se obtiene deteriorando el servicio”, señala. Y pone como ejemplo su rechazo a que la Sanidad se privatice.

“Creo que es un servicio difícilmente rentable. En cambio, en otros casos el papel de la Administración es el de controlar la calidad del servicio. Porque se puede prestar desde la gestión privada. Por ejemplo: no es lo mismo comprar un libro que comprar mil libros. No es lo mismo gestionar el servicio del agua en una ciudad que en cien ciudades. Porque la gran empresa que lo haga en cien ciudades seguramente invertirá mucho más en tecnología, en investigación y en I+D. Podrá tener mejores condiciones de reciclaje o de inversión en infraestructuras”, opina.

“Si lo tiene que hacer cada Ayuntamiento por su lado, seguramente les desbordará”.

Por eso, lo importante es definir cuál será el papel de la Administración.

En algunos casos será garantizar que el servicio privado presta bien el servicio, porque ella no podría hacer igual de bien, y, en otros casos, será asumir directamente el servicio porque lo hará mejor que el sector privado.

Precarización del empleo

De acuerdo con este catedrático, tampoco se puede afirmar que el sector privado precarice el empleo. Es un mito.

“El empleo se puede precarizar desde el sector privado o desde el sector público. Hay Administraciones que han recuperado el servicio contratando gente nueva y con peores condiciones que las que tenían en el sector privado”, revela.

“Y hay veces que la propia Administración ha admitido bajas temerarias en los concursos que sólo podían conseguirse deteriorando la calidad del empleo, es decir, pagando menos salario, descolgándose del convenio que se aplicaba. Empeorando las condiciones”.

Objetivo de la remunicipalización

En cualquier caso, el objetivo esencial de una remunicipalización que se pretenda introducir es el de “garantizar la estabilidad del empleo y las condiciones de trabajo”.

“Si la remunicipalización lo va a empeorar, habría que descartarla”, remacha.