El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, denunció ayer el caos administrativo que supone la probación tardía y con efectos retroactivos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Esta dinámica, que se ha convertido en un problema estructural desde la pandemia, perjudica a los Graduados Sociales, obligándoles a rehacer nóminas ya cerradas, recalcular cotizaciones a partir de enero y asumir en pocos días una carga de trabajo extraordinaria, tal y como ha concedido Merchán en una rueda de prensa a los medios el pasado 9 de abril.
A su juicio, las consecuencias son claras: una norma, que debería estar cerrada antes del inicio del ejercicio, termina llegando a finales de marzo, pero con efectos desde enero. Este desfase, subrayó, genera «un trabajo inmenso» en una semana especialmente delicada, coincidente con la Semana Santa, y ha obligado a muchos despachos a trabajar incluso en festivos.
El presidente dejó claro que aparte de que «la paciencia se agota», la seguridad jurídica se daña.
La inseguridad jurídica, centro del problema
Para el presidente de los Graduados Sociales, cambiar las condiciones a los tres meses de haber comenzado el año rompe la previsibilidad básica y un coste adicional que afecta, principalmente, las pymes, autónomos y mycropymes, la mayor parte del tejido empresarial español.
Merchán insistió en que tanto empresarios como personas trabajadoras deberían conocer desde el 1 de enero tanto el salario aplicable como el coste real de cotización asociado.
Este hecho acaba generando un de inseguridad jurídica impropia de un estado como España: «Cuando hacíamos las nóminas a lápiz y papel había más seguridad jurídica que ahora que está todo digitalizado y tendría que ser todo más sencillo», sentenció Merchán.
«El salario mínimo interprofesional no puede estar en el campo del juego político»
Para el presidente del CGCOGSE, el principal obstáculo que encuentra esta problemática es el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
A su juicio, la negación debería situarse como el principal tema en el último trimestre del año, además de liderar la conversación el Gobierno junto con sindicatos y empresarios.
«El salario mínimo interprofesional no puede estar en el campo del juego político, sino en el acuerdo entre los agentes sociales», destacó.
De este modo, los graduados sociales agitan el debate y alertan de la fragilidad a la que se enfrenta el sistema de cotizaciones con esta práctica que ya parece perenne en nuestro ordenamiento jurídico.
