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Jueces y fiscales harán huelga el 22 de mayo si el Gobierno y el CGPJ siguen mano sobre mano

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo le da un serio varapalo a la imagen del Tribunal de Cuentas, bastante tocada por los últimos escándalos. Confilegal.La Ley flanqueada por la jsuticia y el Derecho, grupo escultórico de Miguel Blay, que figura en el Tribunal Supremo. Carlos Berbell/Confilegal.
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Las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales han acordado llevar a cabo, de forma progresiva, una serie de medidas de protesta que culminarían el 22 de mayo próximo con una huelga general de los 5.500 jueces y los 2.407 fiscales de toda España si el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen mano sobre mano, sin hacer nada, como hasta ahora.

El mensaje que han lanzado hoy los líderes de los jueces –Manuel Almenar, por la Asociación Profesional de la Magistratura; Raimundo Prado, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Ignacio González Vega, por Juezas y Jueces para la Democracia; y Concepción Rodríguez, por Foro Judicial Independiente- y de los fiscales –Cristina Dexeus, por la Asociación de Fiscales; Emilio Fernández, por la Unión Progresista de Fiscales; y Salvador Viada, por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales- tanto al Ministerio de Justicia como al órgano de gobierno de los jueces es claro: la pelota queda en el tejado de ambos.

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Les corresponde a ellos mover pieza. En su poder está que los «tambores de huelga» se apaguen o llamen a la acción.

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Si optan por la parálisis actual, la «maquinaria» se pondrá en marcha dentro de un mes exacto.

Tras una reunión de casi dos horas en la sede madrileña de Foro, las siete asociaciones acordaron que la primera movilización se produzca el 5 de abril, a las 13 horas, en todas las sedes judiciales del país, con la lectura del documento «14 propuestas para la mejora de la Justicia», que son la base de las reivindicaciones del colectivo judicial, en poder del Gobierno y del CGPJ desde el pasado mes de julio.

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Las del colectivo fiscal comprenden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implatación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su independencia presupuestaria.

La segunda sería una concentración en Madrid el 14 de abril, a la que le seguirían paros parciales de una hora (de 12 a 13 horas) los jueves de cada semana durante un mes, lo que culminará con la huelga el 22 de mayo mencionado, según dice un comunicado conjunto.

Las citadas medidas están supeditadas a que los órganos directivos de las asociaciones firmantes lo aprueben.

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De izquierda a derecha, Emilio Fernández y María de las Heras, por la UPF, Mónica Alonso, de la AF, Raimundo Prado, de la AJFV, Manuel Almenar, por la APM, Cristina Dexeus, de la AF, Ignacio González Vega, de JJpD, y la anfitriona, Concepción Rodríguez, de FJI; falta Salvador Viada, de la APIF, que se marchó minutos antes de que se tomara esta foto.

BALANCE DECEPCIONANTE

Jueces y fiscales consideran que «El balance no puede ser más decepcionante. No parece haber una mayoría clara en el Parlamento favorable a reformar el Órgano de Gobierno de la judicatura conforme a lo propuesto por las cuatro asociaciones judiciales, ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial extensiva los fiscales».

EL GOBIERNO NO HACE NADA

De acuerdo de las siete asociaciones, el desinterés por la Justicia es una deducción más que lógica tras analizar los pasos que se han dado hasta ahora.

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«El Gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembro de la Carrera Judicial y Fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones», prosiguen.

«Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Basta recordar que en el año 2010 se vieron reducidas las retribuciones muy por encima de la función pública, con el pago irrisorio de guardias de jueces y fiscales. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional», añaden.

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER, UN ESPEJO DEL EJECUTIVO

El CGPJ también tiene su parte de culpa, en lo que a los jueces se refiere, porque «ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional».

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por Carlos Berbell.

Carlos Berbell es director de Confilegal. Periodista, consultor internacional en comunicación y escritor, está especializado en el campo de la justicia, la investigación criminal y la comunicación institucional.