Todos los grupos parlamentarios se han mostrado este martes de acuerdo en tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para suprimir los aforamientos de los diputados regionales, del presidente y de los consejeros del Gobierno autonómico.
La iniciativa del Parlamento de Cantabria, presentada ante el Pleno de la Cámara por una delegación formada por los diputados autonómicos Pedro Casal, Victor José Hernando y y Francisco José Rodríguez, ha superado, con 190 votos a favor, y 132 abstenciones, el debate de totalidad, el primer paso para tramitar esta propuesta, que pasa ahora a la Comisión Constitucional, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado.
La Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 16 de marzo de 1993, es la que marca el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía.
En este caso, tras la votación favorable en el debate de totalidad, se acuerda la apertura del plazo de presentación de enmiendas al articulado y la remisión del texto a la Comisión Constitucional, para su tramitación conforme a lo previsto en el Reglamento para los proyectos de ley orgánica.
Una vez elaborado el dictamen por la Comisión Constitucional, éste deberá elevarse a Pleno, junto con los votos particulares, si los hubiera, y las enmiendas no incorporadas en ponencia ni comisión y que los grupos pidan mantener vivas – volver a votarlas, esta vez en sesión plenaria- para realizar una votación de conjunto en la que será necesario el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados, la mitad más uno), antes de continuar su trámite en el Senado.
El Parlamento de Cantabria sostiene en su iniciativa que «en pleno siglo XXI es difícil fundamentar la existencia de fueros judiciales especiales al margen del juez ordinario predeterminado por la ley», por lo que consideran que acabar con el aforamiento de cargos públicos «es recomendable eliminar con un carácter ejemplarizante, para todos aquellos que han sido elegidos directa o indirectamente por los ciudadanos».
La reforma afecta a los artículos 11 y 20 del Estatuto en relación con el fuero procesal especial del presidente de Cantabria, de los restantes miembros del Gobierno y de todos los diputados del Parlamento con el fin de «eliminar la prerrogativa del fuero procesal especial para que todos los ciudadanos de Cantabria sean juzgados por los jueces o tribunales predeterminados por la Ley».
Así, se suprime el artículo 20 y se modifica el 11.1, que establece que quien debe decidir sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio sean «los jueces ordinarios predeterminados por la Ley», y no el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tal y como figura en la actualidad.
Extenderlo a otros parlamentos autonómicos
El diputado Félix Álvarez, de Ciudadanos, el partido que impulsó la proposición no de ley aprobada en el Parlamento cántabro sobre esta reforma, ha reclamado también que esta supresión de los aforamientos se extienda al resto de parlamentos autonómicos, así como al Congreso y el Senado.
Ha considerado que servirá para que los parlamentarios y otros cargos públicos «cumplan ante la ley exactamente igual que el resto de los ciudadanos» y corregir una situación «totalmente anacrónica».
