Durante dos días expertos en economía y en Administración de Justicia han analizado la lentitud del sistema judicial ha participado en el I Congreso sobre Economía y Justicia, organizado en Barcelona por el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, el Colegio de Procuradores de Barcelona y el Consejo General de Procuradores de España, para aportar posibles soluciones para hacer frente a la ineficiencia y la lentitud del sistema judicial.
El evento, que fue inaugurado este jueves por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, Ignacio López Chocarro y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, sirvió para abordar e a fondo un estudio reciente de la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Universidad de Barcelona (UB), que pone de manifiesto que sólo se recupera el 21,8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña y el plazo medio del proceso para recuperar los importes es de 1 año y 9 meses.
Para Ignacio López Chocarro, presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Catalunya, encargado de las conclusiones de este evento: «No podemos seguir con esta situación 10 años más. Hemos de unirnos todos los operadores jurídicos y debemos exponer esta situación hasta el final. «Tenemos un problema en la ineficiencia de la ejecución civil de sentencias de una magnitud considerable que solo va creciendo y creciendo».
Entre las actuaciones a llevar a cabo, varios ponentes han destacado la necesidad de crear la figura de un nuevo agente de ejecución de sentencias, inspirándose en los Huissiers de Justice de Francia. En el caso español, los procuradores de los tribunales podrían asumir esta competencia, según han avalado durante el congreso académicos, abogados y miembros de la judicatura.
En palabras del catedrático de Derecho Procesal de la UAB, Manuel J.Cachón, «si hay voluntad política» sólo serían necesarios unos «retoques en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)» con el fin de otorgar las competencias a los procuradores en ejecución.
Para este jurista el CGPE o los colegios de procuradores podrían convertirse en entidades especializadas en la subasta de bienes . Y si el procurador se convierte en agente de la ejecución tendría que poder ponerse en contacto con el deudor para cumplir la resolución a través de la mediación.
Desde su punto de vista, la intervención del procurador como agente de la ejecución se debe efectuar con prudencia: ayudaría a descargar trabajo a la Adm. de Justicia y el procurador tendría una doble condición de profesional liberal y agente de la autoridad (para embargos, actos, etc.)
En este sentido, Ivana Borzová, que es miembro de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), resaltó que la tendencia de los países europeos es que la ejecución de sentencias sea asumida por operadores privados o con fórmulas público-privadas.
Por su parte, el economista del Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti destacó en su intervención una ejecución de sentencias más eficaz permitiría incrementar el número de viviendas disponibles para alquiler en ciudades como Barcelona y Madrid y también la disponibilidad de crédito para los ciudadanos.
La lentitud beneficia al deudor
En su turno de palabra Carmen Vargas Pérez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que el 88 por ciento de los empresarios denuncian el mal funcionamiento de los juzgados y alertan de las consecuencias económicas. También reclamó mayor formación económica para los jueces y una información más clara para los ciudadanos implicados en un proceso judicial sobre las posibilidades de la mediación para llegar a acuerdos.
Desde su punto de vista Vargas constató con datos de varios países que la ineficacia en la resolución de ejecuciones de sentencias perjudica gravemente a las inversiones. Esto genera inseguridad jurídica, hasta el punto de que a los deudores les sale rentable no paga.
Más allá de la creación de un agente de ejecuciones, el catedrático de Economía Aplicada de la UB, Jordi Suriñach, destacó que también se deberían reformar procedimientos de ejecución a fin de agilizarlos con diversas acciones como estas: mejorar la información que reciben los afectados, establecer un plazo razonable para realizar el proceso.
Otras medidas que Suriñach propone pasan por reducir los pasos y la burocracia necesaria, aumentar la utilización de instrumentos digitales, limitar los costes de todo el proceso o crear tribunales especializados en ejecuciones, tal y como ya existen en Francia, Italia y Portugal.
Fue Françoise Andrieux, presidenta de la Union Internationale des Huissiers de Justice, imparte la conferencia dedicada a la ejecución civil en Francia y al papel que en esta tienen los Huissiers, una figura de referencia para los procuradores. Destacó que “la alta formación jurídica y el alto grado de responsabilidad de los Huissiers de Justice, así como la evolución de la profesión a lo largo de los siglos, es una garantía de eficacia en la ejecución civil en Francia”.
Estas jornadas han reunido a más de 300 congresistas, que han podido asistir a conferencias y mesas redondas de ponentes nacionales e internacionales expertos en economía y justicia, como son Mª Eugènia Gay, decana del ICAB, Luis Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Françoise Andrieux, presidenta de la Union Internationale des Huissiers de Justice.
Junto a ellos Rosa Anna Castillo, directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat, Juan S. Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de España – Eurosystem, Carmen Vargas, profesora de Microeconomía en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y política de la Universidad Complutense de Madrid, Joan Picó, catedrático de Derecho procesal de la UPF o Luis Ignacio Ortega, vicepresidente de la Union Internacionale des Huissiers de Justice.
