Cada 12 de julio hay una fecha en el calendario jurídico que casi nadie fuera de la profesión conoce, pero que dentro de ella pesa como una losa: el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Y este año, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha decidido que la efeméride no se quede en un simple recordatorio protocolario.
María Encina Martínez Rodríguez, presidenta de la Comisión de Turno de Oficio y Justicia Gratuita del CGPE, es la autora de este duro comunicado cuyo tono no deja lugar a la ambigüedad y que lleva por título «En defensa del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita en la Procura».
«La situación», relata Martínez Rodríguez, «es crítica, las reformas ya no son negociables y las administraciones tienen que moverse. Pero ya».
Lo que subyace es una idea incómoda, pero que el Consejo General de la Procura repite como un mantra: «un servicio público esencial» —porque eso es, ni más ni menos, la Justicia Gratuita— «no puede sostenerse indefinidamente sobre el sacrificio económico de quienes lo prestan cada día en los juzgados».
Cinco exigencias, ninguna cosmética
La autora del texto no se anda con generalidades vagas. Aterriza en cinco peticiones concretas, y conviene desgranarlas una por una porque cada una apunta a una herida distinta del sistema:
«Primero, la actualización periódica de los baremos retributivos. Llevan años perdiendo poder adquisitivo mientras los precios de todo lo demás suben; el argumento es tan simple como incontestable», subraya.
«Segundo, algo que en el gremio lleva tiempo generando fricción silenciosa: la equiparación real de las compensaciones entre el territorio Ministerio y las comunidades autónomas transferidas. Traducido: un procurador no debería cobrar sustancialmente distinto por hacer el mismo trabajo según el código postal donde ejerza», señala Martínez Rodríguez.
«Tercero, reconocimiento efectivo» —no solo simbólico— «del papel de la Procura dentro de la arquitectura de la Justicia Gratuita«.
«Cuarto, abono íntegro y puntual de las actuaciones ya justificadas, que es tanto como decir: que se pague lo que se debe, cuando se debe», asevera.
«Y quinto, la apertura de un diálogo permanente con los representantes del colectivo, para revertir lo que ellos mismos definen, sin medias tintas, como una situación de abandono«, sintetiza.
Compromiso sí, pero no gratis
Los procuradores insisten en algo que suena casi a advertencia envuelta en cortesía institucional: su compromiso con el servicio público y con los ciudadanos más vulnerables «sigue intacto».
Pero ese compromiso tiene que ir de la mano de condiciones dignas y reconocimiento real. «No es una petición de caridad, es una condición de sostenibilidad», precisa la presidenta de la Comisión de Turno de Oficio y Justicia Gratuita del CGPE.
El Consejo de la Procura lo resume con una fórmula que probablemente veamos repetida en los próximos meses de debate sobre la futura Ley de Justicia Pública Gratuita: «una Justicia Gratuita fuerte necesita, necesariamente, una Procura reconocida, respetada y justamente retribuida».
