Los incendios que están afectando a numerosos municipios de Madrid y Castilla y León han llevado al Consejo General de Procuradores de España (CGPE) a abrir una vía de comunicación constante con las autoridades judiciales y administrativas.
El objetivo es seguir de cerca la evolución de la situación y estar preparados para poner en marcha, si hace falta, medidas que protejan a los profesionales del sector.
El Consejo está en contacto permanente con el Ministerio de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con las presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia de las dos comunidades afectadas: Ana del Ser, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y Aurora de la Cueva, presidenta en funciones del de Madrid.
Entre todos analizan cómo evolucionan los incendios y si es necesario activar alguna de las medidas recogidas en el Protocolo de actuación judicial en emergencias.
Este protocolo establece qué pasos debe seguir la justicia cuando ocurre una catástrofe, y su versión más reciente fue aprobada esta misma semana por el Pleno del CGPJ.
El presidente del Consejo, Alberto García Barrenechea, ha mostrado su cercanía con quienes están sufriendo esta crisis: «Quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de los incendios, y también mi sincero agradecimiento a los profesionales y voluntarios que, con generosidad y entrega, trabajan sin descanso en las labores de extinción y protección de la población».
El CGPE insiste en algo muy claro: en estos momentos, lo único que importa es proteger la vida y la seguridad de la gente.
Ningún trabajo, expediente, guardia, citación judicial o compromiso profesional puede estar por encima de una orden de evacuación, de confinamiento o de cualquier otra instrucción que den los servicios de emergencia.
Por ello, el Consejo se ha puesto a disposición de todos los procuradores que hayan sido evacuados, que se encuentren confinados, que no puedan acceder a su vivienda o a su despacho, que hayan sufrido daños materiales, o que tengan dificultades para atender guardias, citaciones judiciales, plazos u otros compromisos profesionales.
Quienes se encuentren en alguna de estas situaciones pueden ponerse en contacto con su colegio profesional o directamente con el Consejo, que se encargará de coordinar lo necesario para proteger a estos profesionales y garantizar que el servicio de la Procura —es decir, la representación legal ante los tribunales— siga funcionando pese a las circunstancias excepcionales.
