La Fiscalía del Tribunal Supremo y la acusación popular ejercida por Vox en la causa del ‘procés’ han interesado que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional para el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sánchez, han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.
Entienden que en su caso persiste el riesgo de reiteración en los delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos que se le imputan indiciariamente.
Argumentan que en el la citada causa del «procés» «se han acopiado nuevas e importantes evidencias sobre la concurrencia de violencia y de otros elementos del tipo penal, directamente imputables al solicitante, así como en la apreciación de un extraordinario riesgo de reiteración delictiva».
La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sánchez ha anunciado este martes -y en dos ocasiones- ante los magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que su cliente renunciará al acta de diputado obtenida por Junts per Catalunya (JxCat) en las elecciones del pasado 21 de diciembre y volverá a su puesto de profesor en la universidad, según ha precisado la acusación popular ejercida por Vox.
Así lo han solicitado ambas partes durante la vista celebrada este martes ante lo magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo Francisco Montende, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero. La defensa de Sánchez ha interesado su defensa al entender que el citado riesgo de reiteración delictiva ya no existe.
La posición del Ministerio Público en el caso de Sánchez es diferente a la adoptada para el caso del exconsejero catalán de Interior, Joaquim Forn, para quien el Ministerio Público ha interesado que pueda salir en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
Según fuentes de las defensas presentes en la comparecencia, el fiscal Fidel Cadena ha justificado esta decisión siguiendo «instrucciones directas» de la Fiscalía General del Estado y, al respecto, ha invocado el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el que acata «por imperativo legal» la orden de Julián Sánchez Melgar.
En en este caso la Fiscalía alega dos razones para su cambio de criterio, por una parte, «Razones humanitarias«, al tener conocimiento de la aparición de tuberculina y, por otra, que el pasado 24 de enero «renunció al acta de diputado como muestra de su intención manifiesta de cese su actividad política y, con ello, nulo impacto del riesgo de reiteración delictiva». (CONFILEGAL/EP)
