La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, Patricia Romero Fernández, ha dictado auto de procedimiento abreviado en la causa abierta para investigar al alcalde del municipio, Gabriel Echávarri, por el despido irregular de una funcionaria interina del Consistorio, por ser cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala, que días antes le había denunciado por supuesto fraccionamiento de contratos.
La instructora encuentra indicios de la comisión de un delito de prevaricación.
Un dictamen que comparte el fiscal encargado del caso, José Llor, quien recientemente solicitó la investigación al alcalde por haber incurrido en una “grave desviación de poder” y haber tomado una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado en lo que después se ha conocido como el «caso Comercio».
En su auto, la magistrada Romero Fernández considera que no hay duda de que el alcalde «ordenó el despido inmediato de «la cuñada de Barcala», sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada» un día después de que el concejal de la oposición interpusiera la denuncia por fraccionar contratos, hechos por lo que Echávarri también ha sido investigado en otra causa instruida por otro juzgado.
Añade la resolución que existen indicios de que el Decreto de cese de la funcionaria «obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a su voluntad que se erige como fuente del derecho».
DESPIDO
Explica que Echávarri actuó de forma «arbitraria», y «para dar forma jurídica a la orden recibida los técnicos elaboran un Decreto de cese, indicando como causa del mismo realizaba trabajos para el Centro de las Artes y en La Lonja de Pescado, destino distinto a aquel para el que había sido nombrada con ocasión de la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y Las Cigarreras y en ese momento se dedicaba a preparar las exposiciones en el Centro de las Artes y en La Lonja de Pescado.
En cuanto al concejal responsable del área de Recursos Humanos, Carlos Giménez, la jueza considera que no ha quedado suficientemente acreditado que cometiera el delito por el que se le investigaba y acuerda el sobresemiento provisional de la causa.
La magistrada concluye que el concejal actuó «movido por la preeminencia orgánica del Alcalde respecto a él y por dictamen de los técnicos del Ayuntamiento, no habiendo tenido más intervención que la firma del Decreto que fue dictado por orden directa» del primer edil alicantino.
Con el auto dictado por Instrucción 2 y notificado hoy a las partes, la jueza acaba la investigación, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y le comunica a las partes que se abre plazo para que pidan la apertura de juicio oral, presenten los escritos de acusación en los que concretarán delitos y penas, o bien soliciten el archivo de la causa.
En este trámite y de manera excepcional acusaciones y defensa pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.
Con esta resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia provincial, el asunto queda listo para el juicio si alguna de las acusaciones personadas lo solicitan.
