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La Fiscalía pide procesar al alcalde de Alicante por despedir “de forma arbitraria” a una funcionaria

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. EP.
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La fiscalía ha pedido a la juez que procese al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, como presunto autor de un delito de prevaricación, al considerar que despidió de forma arbitraria a una funcionaria interina por ser cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala.

Según fuentes de la acusación pública, citadas por la agencia EFE, el fiscal encargado del caso, José Llor, considera que el alcalde incurrió en una “grave desviación de poder” y tomó una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

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Echávarri ya está procesado, junto a dos de sus asesores, en el denominado ‘caso Comercio‘ en el que se le atribuye una presunta prevaricación por el supuesto fraccionamiento de 14 facturas cuando era concejal responsable de ese área por un valor conjunto de unos 144.000 euros.

Ayer, y tras conocer que la sección segunda de la Audiencia de Alicante había confirmado su procesamiento por el ‘caso Comercio’, Echavarrí anunció en una comparecencia ante los medios que solo dimitirá cuando se le abra juicio oral y siempre y cuando la actual vicealcaldesa, Eva Montesinos (PSPV-PSOE), tenga los apoyos necesarios en la corporación municipal para sucederle.

Por lo que respecta al asunto de la funcionaria interina, ésta fue despedida en abril del pasado año y readmitida en su puesto unas semanas después a petición del pleno del ayuntamiento.

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El alcalde sostiene que el despido fue legal porque su situación laboral suponía un “fraude de ley” y ha reiterado que en el caso del despido de la cuñada de Luis Barcala no hubo delito porque los técnicos concluyeron que la trabajadora interina despedida estaba en situación irregular.

Echávarri ha negado tanto en fiscalía como en el juzgado de Instrucción 2 de Alicante que esta decisión respondiera a una venganza personal contra el portavoz del grupo popular por haberle denunciado en el ‘caso Comercio’.

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No obstante, el cese de la trabajadora, que está adscrita a la Concejalía de Cultura y desarrolla su labor en un centro expositivo de la ciudad, se produjo días después de que Barcala presentara dicha denuncia por el citado “caso Comercio”.

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Sobre la posibilidad de dimitir si se abre juicio oral, ha reiterado: “No hablo de futuribles”.