El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha resuelto que el Fútbol Club Barcelona no tiene ninguna legitimidad para recurrir la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid de prohibir las banderas pro independentistas en la final de la Copa de 2016.
La razón radica en que en los estatutos del F.C. Barcelona no se recoge competencia alguna para defender el derecho de sus socios a portar banderas de determinadas tendencias políticas.
Así consta en una sentencia dictada por el tribunal de la Sección Primera de la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en funciones de apelación, que tiene fecha de 13 de marzo pasado.
Los magistrados Juan Pedro Quintana Carretero -presidente de la Sala y de este tribunal-, José Arturo Fernández García, María del Pilar García Ruiz y Francisco Javier Canabal Conejos -este último como ponente- ratifican la postura del juez de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid tras inadmitir el recurso del Fútbol Club Barcelona contra la resolución verbal de la Delegación del Gobierno de Madrid.
La decisión de la Delegación impidió la introducción y exhibición de banderas «esteladas» durante la final de la Copa del Rey, que enfrentó el domingo 22 de mayo de 2016, en el Vicente Calderón, al FC Barcelona y al Sevilla FC, por considerar que vulneraba el derecho fundamental a la libertad de expresión de sus socios.
En su argumentación, los magistrados deciden no obstante inadmitir a trámite el recurso por un motivo diferente al que apreciaba el juzgado en primera instancia.
SOCIEDAD DEPORTIVA CON ÁNIMO DE LUCRO PERO SIN CAPACIDAD PARA ESTA DEMANDA
En este caso, entienden que la inadmisibilidad radica en el hecho de que la entidad F.C. Barcelona no está legitimada para recurrir la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid, frente a la opinión del juzgado de falta de acto susceptible de recurso.
Los jueces aclaran que según sus propios estatutos, el Barcelona es una asociación deportiva catalana de «naturaleza privada, de personas físicas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, cuyas finalidades son el fomento, la práctica, la difusión y la exhibición del fútbol y otros deportes.
Y, complementariamente, la promoción y la participación en las actividades sociales, solidarias, culturales, artísticas, científicas o recreativas convenientes y necesarias para mantener la representatividad y la proyección del club».
Para cumplir estos objetivos, los estatutos señalan que el CF Barcelona participará y organizará «manifestaciones y competiciones deportivas, promoverá la práctica del deporte mediante las secciones, intervendrá en las actividades sociales, solidarias, culturales, artísticas, científicas o recreativas que acuerden sus órganos de gobierno, fomentará las relaciones entre los socios y terceros y con otras instituciones, todo ello con la finalidad común de mantener y mejorar el significado deportivo y social de que goza el club».
EL CLUB NO DEFIENDE EL DERECHO DE SUS SOCIOS A PORTAR BANDERAS
«Como se ve, estatutariamente el club no defiende el derecho de sus socios a portar banderas de determinadas tendencias políticas. Es más, podríamos decir que, también estatutariamente, la defensa a la libertad de expresión de algunos de sus socios supondría un incumplimiento de la finalidad para la que fue constituido», destaca el fallo.
«Así pues, si no defiende su titularidad al derecho de libertad de expresión, si no puede defender la de algunos de sus socios por resultar ajena a su derecho y en su relación con los socios no está la defensa de dicho derecho, no cabe duda de que podemos declarar sin ambages que carece de interés legítimo para instar la vulneración de este derecho», recalca.
El segundo de los derechos que el FC Barcelona entendía vulnerado es el que se refiere a la tutela judicial efectiva, sobre la base de la inexistencia de una resolución previa debidamente motivada que permitiese a sus socios conocer las razones por las que se les privaba de su derecho a la libertad de expresión.
Frente a ello, los magistrados entienden también que en este caso «se vuelve a configurar la vulneración en relación con el derecho de defensa ajena, presuponiendo, además, que los posibles socios afectados por la orden verbal de la Delegación del Gobierno de Madrid en ningún caso podrían acudir a esta sede a defender sus derechos».
«Esto nos bastaría para determinar la inadmisión, como ya sucediera en relación con la anterior, de su alegación por falta de interés legítimo en los términos ya analizados», concluye la sentencia.
