El Consejo de la Diplomacia Publica de Catalunya (Diplocat) echó ayer el cierre de forma definitiva, tras 6 años de actividad, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ya lo había dejado inoperativo desde octubre del año pasado.
El Diplocat fue el instrumento del que se han servido los independentistas para internacionalizar la causa separatista catalana en el mundo.
Dependía de la Consejería de Exteriores, cuyo titular era el exconsejero encarcelado, Raül Romeva, hoy acusado de un delito de supuesta rebelión.
De acuerdo con Voz Pópuli, gastó 13 millones de euros de fondos públicos de la Generalitat de Cataluña y se anotó pérdidas consolidadas de cinco millones de euros desde su creación, en 2012, por orden del entonces presidente del gobierno autonómico, Artur Mas.
Fuentes de este organismo público-privado informaron que el cierre ha dejado sin empleo a 17 personas y la sede del organismo en la Casa de les Punxes en Barcelona ya ha sido desmantelada.
Tras la proclamación de la independencia en el Parlament el 27 de octubre, el Gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución.
Una de las medidas adoptadas fue precisamente el cierre de las delegaciones en el extranjero -menos la de Bruselas- y la extinción del organismo diplomático.
Desde entonces, un órgano liquidador se ha encargado del proceso hasta que ayer viernes suprimió definitivamente el ente, que dependía de la Conselleria de Asuntos Exteriores de la Generalitat.
El cierre del Diplocat fue recurrido por el Ayuntamiento de Barcelona y la Associació Catalana de Municipis (ACM) pero el Tribunal Supremo (TS) decidió, a principios de febrero, mantener la disolución y no adoptar medidas cautelares contrarias.
La ACM, miembro del patronato del Diplocat, rechazó en su recurso la supresión del organismo y argumentó que la disolución solo se podía hacer si así lo decidía el máximo órgano de gobierno del consorcio de la diplomacia.
Tanto JxCat como ERC se han comprometido a resucitar el Diplocat una vez que consigan investir a alguien de presidente. El pacto cerrado contempla dotar las oficinas de recursos humanos y presupuestarios para que «refuercen la acción exterior de la Generalitat, el apoyo a la exportación e importación, los servicios a la comunidad catalana en el exterior, la proyección de la cultura y a todas aquellas otras funciones que le son propias».
Por otra parte, agentes de la Guardia Civil entraron el jueves por la mañana en la sede del Diplocat con una orden de registro del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Su objetivo era verificar si el organismo ayudó en la organización del referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017 y, en concreto, si tuvo que ver con los pagos realizados a los observadores del referéndum del 1 de octubre.
El antiguo jefe de comunicación del Diplocat, Martí Estruch, se acercó por la mañana a la sede de la institución y calificó el registro de «acto de propaganda pura y dura» en una atención a los medios. EP.
