Emplaza a todos los personados en ambas diligencias, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y el que fuera vicepresidente Oriol Junqueras. Foto: Confilegal.

El Tribunal de Cuentas abre la fase de enjuiciamiento para los investigados por los gastos del 1-O

En relación a las presuntas irregularidades contables por las que se habrían facilitado fondos para los gastos del 1-O y de determinados fondos asignados a política exterior entre 2011 y 2017

17 / 11 / 2021 14:22

Actualizado el 17 / 11 / 2021 14:24

La consejera de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, ha dictado una providencia en la que indica que, una vez recibidas las actuaciones previas, abre la fase de enjuiciamiento de las presuntas irregularidades contables por las que se habrían facilitado fondos para los gastos del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y del destino de determinados fondos asignados a política exterior de Cataluña entre 2011 y 2017.

Esta providencia puede ser la última que firme esta consejera, que fue ministra de Justicia en el gobierno de José María Aznar, dado que el órgano fiscalizador está en vías de renovación después del acuerdo alcanzado por PP y PSOE.

Mariscal de Gante, en una providencia de tres folios, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que visto el contenido del acta de liquidación provisional de 28 de enero de 2020 y el acta de liquidación complementaria de 29 de junio de 2021 debe procederse ahora a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari oficial de la Generalitat de Cataluña «los hechos supuestamente motivadores de responsabilidad contable». Acuerda así unir las actuaciones seguidas por los gastos del referéndum y los derivados de la acción exterior.

Asimismo, emplaza a todos los personados en ambas diligencias, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y el que fuera vicepresidente Oriol Junqueras, a que «comparezcan en autos, personándose en forma dentro del plazo común de los nueve días» siguientes a recibir la notificación de esta providencia.

Interesa también que se personen la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), ‘Abogados Catalanes por la Constitución’, ‘Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultura’, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación al que tuvo acceso Europa Press.

Según ese documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación.

En ese acta, se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos debían responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.

Respecto al acta de liquidación de 2020, cabe recordar que el Tribunal de Cuentas fijó en 4,1 millones de euros los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De esos 4,1 millones, 3,9 corresponden al principal del alcance y 242.980,11 euros a los intereses provisionalmente calculados desde los hechos, hasta el acta de liquidación provisional. Este acta de liquidación provisional es el documento que realiza la unidad de actuaciones previas del Tribunal, tras concluir la instrucción, y es provisional hasta que se celebre el juicio y de dicte sentencia.

Lo que si conllevaba este acta, como la de 2021, es que los presuntos responsables tenían que afianzar o depositar las cantidades que se determinaron en la instrucción, en este 4.146.274,97 euros, y esta ese la cantidad que fue afianzada en febrero.

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