El Tribunal de Cuentas ha respondido al Tribunal Supremo que los 4,1 millones de euros fijados como liquidación provisional en el juicio contable por los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ya ha quedado garantizada.
Responde así al requerimiento que le hizo el alto tribunal en relación a las personas condenadas por malversación en el juicio del ‘procés’, de cara al informe que deben elaborar tanto este órgano como la Abogacía del Estado sobre sus peticiones de indultos.
Los cuatro líderes independentistas penados con esta delito fueron el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
En su respuesta al Supremo, según han señalado fuentes del órgano fiscalizador a Europa Press, se puntualiza que la citada cantidad no se ha consignado para pago y satisfacción definitiva de responsabilidades contables, sino para evitar el embargo de bienes y derechos de los presuntos responsables contables.
El pasado enero de 2020 se practicó la liquidación provisional por los gastos y pagos del referéndum en el que se declaró un presunto alcance por importe total de 4.146.274,97 euros de los que 3.903.294,86 euros corresponden al principal del alcance y 242.980,11 euros a los intereses provisionalmente calculados desde los hechos, hasta el acta de liquidación provisional.
Este acta de liquidación provisional es el documento que realiza la unidad de actuaciones previas del Tribunal, tras concluir la instrucción, y es provisional hasta que se celebre el juicio y de dicte sentencia.
Lo que si conlleva este acta es que los presuntos responsables han de afianzar o depositar las cantidades que se han determinado en la instrucción, en este 4.146.274,97 euros, y esta ese la cantidad que fue afianzada en febrero. Es decir, la cuantía que presuntamente es objeto de responsabilidad contable ha quedado garantizada en el Tribunal de Cuentas hasta que se celebre el juicio y haya sentencia.
Por otra parte, tras concluir esta instrucción, el Tribunal de Cuentas inició otra, que está aún en curso, en relación con las responsabilidad contables que se pudieran detraer de la acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña (DIPLOCAT) y que está pendiente de conclusión, señalan las mismas fuentes.
Este asunto se deriva del informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017.
En su oficio, la Sala Segunda del alto tribunal pedía concretamente informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre la actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.
Fue el 10 de febrero cuando los servicios jurídicos del estado preguntaron al alto tribunal por esta «información complementaria» relativa a la devolución de las cantidades malversadas en el ‘procés’ independentista en Cataluña, al considerarla imprescindible para poder elaborar su informe sobre la conveniencia o no de otorgar indultos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.
En la sentencia del ‘procés’ los magistrados del Supremo ya fijaron que sería el Tribunal de Cuentas el encargado de dirimir y reclamar la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido los cuatro condenados que lo fueron por malversación de fondos públicos además de por sedición.
De hecho ya en febrero de 2020 la Sala presidida por Manuel Marchena puso a disposición del Tribunal de Cuentas los más de 2,1 millones de euros en fianzas consignados por los en su día investigados de cara a cubrir la responsabilidad contable que termine por fijarse en el juicio contable, un asunto que aún está pendiente de sustanciarse.
Se trata de unos datos de interés a tener en cuenta a la hora de valorar, por parte de la Abogacía del Estado, la situación de cada uno de los condenados y establecer si han cumplido ya con las obligaciones económicas derivadas de las condenas que se les impusieron.
El informe de la Abogacía está pendiente desde el pasado 26 de enero, cuando le fue reclamado por la Sala de lo Penal del alto tribunal. La Sala, tras recabar la información penitenciaria respecto de los doce condenados, nueve de ellos en prisión, cuenta ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
Tras analizar los argumentos de estas dos acusaciones que ejercieron en el juicio –el de la popular, ejercida por Vox, no es necesario–, la propia Sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados.
Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los ‘Jordis’ —Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras solo a algunos, que se incluyen en el expediente que fue remitido al Ministerio Público y ahora conocerán los Servicios Jurídicos del Estado.
