Raül Romeva, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Josep Rull, tras salir de la prisión de Lledoners, un día después de ser indultado, con el cartel en inglés de "Freedom for Catalonia". EP.
14 de octubre: la sentencia del «procés» cumple hoy 5 años con los condenados indultados y esperando la amnistía
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14/10/2024 05:37
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Actualizado: 13/10/2024 21:39
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Han pasado cinco años desde que el Tribunal Supremo condenó a Oriol Junqueras y su séquito por sedición y malversación, en lo que algunos llaman justicia y otros, un vodevil nacional, con su sentencia del «procés».
Hoy, todos ellos están en la calle, gracias a unos indultos generosos en 2021 y a una reforma legal que hizo desaparecer la sedición como un truco de prestidigitador.
Ahora, el debate gira en torno a una amnistía que promete borrar una década de enfrentamientos políticos como si fuera un mal sueño, mientras en la barra del bar todo el mundo sabe que aquí nadie olvida ni perdona del todo.
El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, un tipo que llevó la gravedad en la mirada desde el primer día de juicio, declaró un frío 14 de febrero.
Con la solemnidad de un mártir de opereta, se negó a responder a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y Vox; solo le dirigió la palabra a su abogado, eso sí, en perfecto castellano, que la lengua del Imperio sirve también para la resistencia, parece ser.
Se proclamó víctima de un juicio político y defendió la legalidad del referéndum del 1 de octubre de 2017 como si estuviera hablando del derecho natural. Alzó la voz para jurar que no hubo violencia, aunque los vídeos de los antidisturbios sugieren lo contrario: el amor a la patria puede ser apasionado, pero también tiende a los empujones y las barricadas.
En su última alocución, con la convicción de un predicador de pueblo, pidió al tribunal que dejara de jugar a ser dios y devolviera la cuestión catalana a «la política, al diálogo y al acuerdo».
«Promoveremos la democracia y el bien común desde las urnas», prometió, con ese tono de quien sabe que en política las promesas son como los globos: hermosas y fugaces.
El Supremo: El «procés» no fue rebelión, solo sedición
Cuatro meses después de dar por visto el juicio, el Supremo se despachó con una sentencia que cayó como un jarro de agua fría el 14 de octubre de 2019.
Rebelión, no; sedición, sí, dijeron los siete magistrados que conformaron el tribunal, como si la diferencia entre ambas fuera de matices filosóficos.
A Junqueras le cayeron 13 años de cárcel e inhabilitación, mientras que Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa recibieron cada uno 12 años.
No faltaron condenas más suaves para el resto del elenco: 11 años para Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; a los exconsejeros Joaquim Form y Josep Rull (actualmente presidente de ese mismo Parlament) 10 años y medio de cárcel e inhabilitación. Y 9 años de prisión e inhabilitación para Jordi Sánchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y para Jordi Cuixart, exlíder de Ómnium Cultural.
Y los que solo desobedecieron, como Santiago Vila y Meritxell Borràs, se libraron con una multa que pagarían en cómodos plazos, como quien liquida una multa de aparcamiento.
El Supremo se mostró elegante en su redacción: reconoció que hubo episodios de violencia, pero no los suficientes como para hablar de rebelión. Al parecer, hacía falta algo más que unos cuantos empujones y banderas ondeando. “Una ensoñación histórica”, dijeron los magistrados. Más bien, un truco barato para movilizar a los incautos y presionar al Gobierno de turno.
La tormenta tras la sentencia: Tsunamis y aeropuertos tomados
Las protestas no se hicieron esperar. Òmnium Cultural y la ANC, fieles a su estilo, convocaron movilizaciones que acabaron con los antidisturbios de los Mossos defendiendo la Delegación del Gobierno como si fuera el último reducto de una fortaleza sitiada.
En el aeropuerto de El Prat, el caos tomó forma: un ‘Tsunami Democràtic’ orquestado con la eficacia de un motín de taberna sembró el desorden. La Audiencia Nacional investigó el jaleo durante años, pero en julio de 2024 el juez García Castellón archivó la causa.
Se ve que los plazos de la instrucción son más sagrados que la verdad.
Mientras tanto, Carles Puigdemont, el eterno fugitivo, seguía jugando al escondite por Europa.
El Supremo dictó otra euroorden contra él el mismo día de la sentencia, como quien lanza una botella al mar esperando respuesta.
El indulto: La gracia constitucional y las pancartas en inglés
En 2021, el Gobierno sacó la baraja y repartió indultos a la sentencia del «procés», como quien reparte comodines. María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, lo justificó con el tono piadoso de una madre perdonando travesuras infantiles: era “una medida de gracia” y “de utilidad pública”.
Los liberados salieron de la cárcel al día siguiente, no sin espectáculo: a las puertas de Lledoners, alzaron una pancarta con un “Freedom for Catalonia” que sonaba más a eslogan turístico que a manifiesto político.
Eso sí, aunque libres, no todos quedaron inmaculados: la inhabilitación seguía pendiendo sobre ellos como una espada de Damocles.
El adiós a la sedición y la bienvenida a la amnistía
El 12 de enero de 2023, la sedición fue eliminada del Código Penal con la misma facilidad con la que uno tira un papel viejo. La reforma también ajustó el delito de malversación, pero no lo suficiente como para dejar del todo tranquilos a Junqueras y compañía.
El Supremo, con elegante firmeza, reescribió la sentencia del «procés»: donde antes hubo sedición, ahora había desobediencia. Pero la malversación, dijeron, era innegociable.
Después de todo, hasta en la política más desinteresada siempre hay lugar para un beneficio personal bien calculado.
La guinda del pastel llegó con la ley de amnistía. El PSOE, siempre pragmático, presentó la iniciativa a finales de 2023, y tras varios meses de tira y afloja, la ley vio la luz en mayo de 2024.
Desde entonces, más de cien personas han sido amnistiadas, aunque los del ‘procés’ se quedaron fuera del reparto.
El Supremo fue claro: malversación con lucro es otro cantar.
El Tribunal Constitucional, por su parte, no tardó en advertir que esa amnistía podría vulnerar el principio de igualdad. Y, por supuesto, no faltó la amenaza de elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por si en Europa tuvieran más ganas de lío.
En resumen, una década de desobediencias, indultos y amnistías se ha cerrado con la elegancia desganada de un mal final de novela.
Aquí, cinco años después de la sentencia del «procés», nadie ha ganado del todo ni perdido por completo. Solo queda claro que, en esta tragicomedia catalana, la realidad siempre supera a la ficción.
Y mientras tanto, Puigdemont sigue en fuga, como el bandolero que sabe que la última palabra nunca la tiene el juez, sino el tiempo.
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