La Fiscalía pide una pena de 5 años de cárcel a un hombre por haber estafado presuntamente 1,8 millones de euros a la Fundación Federico García Lorca al engordar un contrato de prestación de servicios con esta entidad, unos hechos por los que será juzgado el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Madrid.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Provincial de Madrid acusa a Juan Tomás M.H. de haber alterado en su beneficio los honorarios profesionales que facturó a la fundación como administrador de la empresa Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento.
Esta empresa firmó en 2003 un contrato de prestación de servicios con la fundación para el asesoramiento técnico y la coordinación estratégica del proyecto «Centro Federico García Lorca«.
Los honorarios por su trabajo se fijaron en el 4 por cierto sobre el total de las ayudas aprobadas para realización del proyecto, pero más tarde, entre 2009 y 2014 (cuando se auditaron las cuentas de la fundación), el acusado cambió los términos del acuerdo y elevó sus honorarios hasta el 15 por ciento respecto de las ayudas aprobadas.
Incluso añadió un párrafo para asegurar el pago que decía literalmente: «Asimismo, en caso de que Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento realice otras actividades no comprendidas en el presente contrato, ésta presentará su correspondiente factura que deberá ser abonada en el mismo término que los establecidos en el presente acuerdo».
La Fundación Federico García Lorca recibió de distintas instituciones una subvención total por alrededor de 19 millones euros por lo que, según el contrato firmado, hubiera tenido que percibir 748.465 euros si se aplicara el porcentaje del 4 por ciento.
Sin embargo, Juan Tomás M.H. facturó «indebidamente» a la fundación 2.566.788 euros, esto es, la cantidad de dinero equivalente a la aplicación del 15 por ciento de las ayudas recibidas
Así, la Fiscalía sostiene que el acusado se quedó 1.818.322 euros de más de forma ilegal a través de las facturas emitidas por la sociedad de la que era administrador con cargo a la fundación.
Dicha cantidad de dinero fue abonada por la fundación al acusado, indica el ministerio fiscal, «en la creencia de que correspondían con los honorarios estipulados en el contrato».
El ministerio público destaca que incluso el mismo encausado se encargó de hacer las transferencias desde la fundación a su empresa, «abusando de la confianza que la fundación tenía depositada en él» para manejar sus cuentas.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa en concurso con uno de falsedad en documento mercantil y le pide por ello 5 años de prisión, así como a indemnizar a la fundación con los 1,8 millones de euros que le cobró de más.
