Manuel Chaves, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, ha asegurado este lunes que en su etapa al frente del Gobierno andaluz conocía que la Junta concedía ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por crisis pero «no cómo» se daban o su gestión. «Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas«.
Chaves ha defendido que «siempre» ha partido de que sus consejeros «en cualquier actuación respetaban la ley» y que le cuesta creer que «intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley».
«La declaración del expresidente de la Junta como investigado en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares ha comenzado minutos después de las 10.15 horas de este lunes, respondiendo a preguntas del representante del Ministerio Fiscal Juan Enrique Egocheaga.
Chaves, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal, ha señalado que va a responder a las preguntas del representante de la Fiscalía, su defensa y el tribunal. El expresidente de la Junta, doctor en Derecho, ha apuntado que ha conocido en la causa las órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 sobre ayudas previas a la jubilación y extraordinarias a trabajadores, firmadas por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán.
También ha explicado que, ante las importantes crisis de empresas como Delphi o Santana, el Gobierno andaluz trabajaba en dos líneas, salvar a la empresa y proteger a los trabajadores. Chaves, que ha admitido que se ha reunido con comités de empresas o sindicatos, estableciendo en éstas que se procediera a la creación de una mesa de negociación para llevar a cabo un plan industrial, que podía contener ayudas sociolaborales.
«NO CORRESPONDÍA A MI ÁMBITO POLÍTICO DE DECISIÓN»
Si el plan fallaba, según Chaves, «había normas» para establecer y conceder ayudas a los trabajadores. «Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, de la misma manera que se daban becas. ¿Cómo se daban?. No lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión», ha expresado. «Cómo se hacía, los requisitos, las ayudas, los beneficiarios, etc. no los sabía», ha añadido.
De otro lado, ha señalado que las ayudas «extraordinarias», cuya excepcionalidad se establecía en función de «la intensidad de la gravedad» de la crisis de la empresa, eran como las que daba el Gobierno.
Chaves ha indicado que conoció las transferencias de financiación –instrumento utilizado para allegar fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para pagar las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo–, siendo ministro y que éstas no se debatían en el Consejo de Gobierno de la Junta, que en la elaboración del presupuesto trabajaba con una media de 140 programas y miles de aplicaciones, por lo que no podía conocer todos los programas presupuestarios.
Precisamente sobre estos instrumentos de financiación, Chaves ha afirmado que, como se ha debatido en la causa, si las transferencias de financiación eran o no adecuadas, «no lo sé», precisando que «están en la Ley». Al hilo de esto, ha explicado que éstas se recogían en la Ley de Presupuestos de cada año que aprobaba el Parlamento, aseverando posteriormente que «una ley no puede ser legal».
Preguntado por las diferencias entre la fiscalización previa y el Control Financiero Permanente –sistema aplicado a IFA/IDEA–, el expresidente ha explicado que la fiscalización «no es de primera división» y el control «de segunda», sino que «una es tan importante como la otra». (EP)
