Josep Bosch Mitjavila, el titular del Juzgado de Instrucción 1 El Vendrell (Tarragona), ha citado como investigados al exresponsable de régimen interno de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC, antecedente del PdeCat), Francesc Sànchez; el exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Antoni Vives, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra.
Bosch investiga el caso del 3%, sobre presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública.
Cambra, al conocer la citación, la calificó de «sorprendente e injustificada» porque en julio de 2017 se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar voluntariamente y presentar auditorias que certificasen la regularidad de las adjudicaciones de obras.
Según informó el Puerto de Barcelona en un comunicado, Cambra se ha mostrado convencido de que se archivarán las actuaciones y que «del contenido de los expedientes se deriva la absoluta transparencia y regularidad de las adjudicaciones».
El juez instructor les ha citado a declarar para el jueves 3 de mayo entre las 9.30 horas y las 11.30, según han informado fuentes Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En la misma providencia, el juez cita el 4 de mayo al entonces director de Bimsa Ángel Sánchez y al director técnico Ernest Fominaya, así como al directivo de Comsa Josep Miarnau, entre otros.
También hay varios investigados más en la causa citados en la causa para el 10 y el 11 de mayo, día en que el juez ha citado como investigado al director de Fira, Constantí Serrallonga, por su etapa como gerente del Ayuntamiento de Barcelona, cargo que ocupó hasta junio de 2015.
El Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell acordó en febrero inhibirse a favor de la Audiencia Nacional de la investigación del caso 3% en respuesta a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, pero la Audiencia Nacional aún no ha decidido sobre la inhibición.
Este juzgado también investiga al exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó, y a dos extesoreros de CDC, así como a varios empresarios, por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos.
El juez destacó que el presupuesto agregado de las licitaciones de obras y servicios públicos bajo investigación alcanzan los 218 millones de euros y las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC se elevaron a 10,3 millones.
