El 15 y el 20 de septiembre de 2017 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, acordaron la no disponibilidad de créditos presupuestarios para Cataluña. (EP)
Hacienda enviará al juez Llarena los justificantes de pagos de la Generalitat desde el año 2015
El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro estableció un sistema de controles reforzados en Cataluña desde ese año
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19/4/2018 06:10
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Actualizado: 02/8/2018 13:27
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El Ministerio de Hacienda enviará al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.
Las fuentes del citado departamento ministerial consultadas por Europa Press recuerdan que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro estableció un sistema de controles reforzados en Cataluña desde el año 2015.
Esta medida se adoptó, señalan, porque con la deriva política que estaba llevando la citada comunidad autónoma había peligro de que se desviasen fondos públicos de la prioridad de que se prestasen servicios públicos fundamentales, a asuntos no amparados por la Ley.
Este control específico, además, estaba amparado por la Ley de Estabilidad.
Sin embargo, la medida se endureció en julio de 2017 y llegó al máximo con la intervención de la Autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Las fuentes de Hacienda consultadas explican que una vez que se llega ahí se tiene un grado de trazabilidad muy grande de los compromisos de pago y de los pagos finales que realizan las entidades de crédito, ya que abarcan a toda la administración de la comunidad autónoma.
Además, el interventor de la comunidad autónoma tiene que emitir un certificado de cada contrato o cada pago que realiza la Generalitat, explicar el objeto y constatar que se realiza de acuerdo con la Legislación.
Toda la información está basada en los certificados emitidos y en los registros informáticos de todas las operaciones.
Oportunidad de estudiar los controles
Sin embargo, hasta ahora esta información no se había puesto a disposición del magistrado del Tribunal Supremo que investiga el ‘procés’, porque éste no la había solicitado.
Pero, consideran que la petición que ha realizado el magistrado al ministro Montoro, para que explique por qué asegura que no se ha destinado dinero público al 1-O, es una oportunidad para poner a disposición del Tribunal Supremo todos los controles que se han venido realizando desde esa cartera.
De esta forma, explican, el magistrado podrá profundizar si lo desea en aquello que considere oportuno.
Hacienda ya ha realizado envíos de información al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, a petición del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que fue quien inició la investigación de la causa del procés.
La Generalitat frenó pagos de facturas del 1-O por la investigación judicial
La Generalitat frenó pagos de facturas que se habían generado para la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre tras la investigación judicial que se había iniciado, según las declaraciones prestadas por varios testigos ante el magistrado Ramírez Sunyer, entre los que está el empresario que realizó uno de los anuncios publicitarios y un empleado de la Generalitat.
Según los informes de la Guardia Civil, otra empresa que ha trabajado para el 1-O ha intentado cobrar otra factura por 238.965,37 millones de euros, al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.
En este caso se trataría de la empresa Unipost, quien ha pasado al cobro una de las cinco facturas generadas por los envíos electorales del referéndum ilegal.
Según explicó ante el Juzgado el administrador de la empresa Estudio Dada de diseño y comunicación, que realizó el vídeo del 1-O para los catalanes en el exterior, David Maciá, el director general de Difusión de la Generalitat, Ignasi Genovés, que depende de la Consejería de Presidencia, le envió un correo en el que le explicaba que su factura no se podía pagar y aludía a la investigación judicial del caso.
La citada factura ascendía a casi 9.000 euros sin contar impuestos y fue generada, según Maciá, en abril del año pasado, ya que el trabajo se lo encargó la Generalitat de Cataluña en marzo.
El autor del vídeo expuso ante el juez que había contactado una primera vez para cobrar la factura con Jaume Mestre, encargado de difusión institucional, «su único interlocutor» hasta el momento.
Sin embargo, explicó que meses después le llegó un correo de Ignasi Genovés en el que le decía que la citada factura no se podía pagar. Precisó que le explicaron que la factura estaba retenida porque había unas diligencias judiciales. «Entendí que hasta que de alguna forma no terminara el proceso judicial la factura estaba retenida», reconoció Maciá, quien recalcó que esta estaba «ahí, presentada, con sus impuestos pagados en su fecha y pendiente de que podamos cobrarla cuando sea posible». EP.
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