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El hartazgo judicial

El hartazgo judicial
María Jesús del Barco, la decana de Madrid; pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
20/4/2018 06:16
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Actualizado: 20/4/2018 09:15
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El pasado 5 de abril los Jueces y Magistrados de toda España nos concentramos ante las sedes judiciales para contar a la sociedad cuáles son nuestras reivindicaciones y por qué es preciso que se adopten medidas para mejorar la Justicia; es ésta la primera de las medidas de protesta y movilización que se pautaron por todas las asociaciones judiciales y de fiscales en marzo, y que avanzan desde los paros parciales y hasta la convocatoria de una huelga.

Pero ¿qué queremos los jueces?

Es seguro que si las negociaciones no avanzan y nos vemos abocados a continuar con el calendario de movilizaciones, los responsables políticos simplificaran todo y, antes de que cante el gallo, dirán que solo queremos más dinero.

En pocos días, los medios de comunicación y las redes sociales nos exhibirán como unos privilegiados.

Funcionarios con un puesto fijo.

Que ganamos mucho y trabajamos poco.

Pero no es dinero lo que queremos los jueces.

Al menos no es lo único.

Tampoco sería descabellado ni un despropósito que fuera este el único motivo de nuestro enfado, no en vano en el año 2010 sufrimos una bajada salarial superior al resto de empleados públicos, los compañeros que hacen guardia cobran, en muchos casos, 30 cts./hora y el sueldo de los jueces de ingreso es inferior al de los policías municipales de su primer destino.

A nadie debería extrañar tampoco que queramos recuperar los días de permiso que anteriores a la LO8/2012 o que nuestros compañeros varones disfruten de un permiso de paternidad de cuatro semanas.

¿Qué ha cambiado para que ahora nos pongamos en pie de guerra?

La verdad es que no ha cambiado nada y es esto lo que nos ha llevado al hartazgo.

Porque los jueces siempre hemos querido lo mismo.

Asumimos nuestra función como un compromiso con la sociedad; somos conscientes de la responsabilidad de nuestra función y sabemos que, como Poder del Estado, prestamos un servicio público esencial: la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Quizá somos un poco quijotes.

Tal vez seamos unos soñadores.

Cierto es que cuando llegamos cada mañana a nuestro despacho nos encontramos con un bofetón de realidad.

Más de 730 juzgados tienen una carga de trabajo superior al 150%, según los datos del propio CGPJ; por cierto, el mismo Consejo que nos ha obligado a presentar una demanda para que se fije una carga de trabajo necesaria a efectos de salud laboral, de inspección, de retribuciones variables, etc.

No. Los jueces no somos unos vagos.

Queremos dar una respuesta al ciudadano en un tiempo razonable porque sabemos que una Justicia tardía es menos justa.

Y nos gustaría, además, hacerlo con unos medios materiales modernos, propios del siglo XXI, con un expediente digital concebido como un instrumento que facilite el desempeño de nuestra labor jurisdiccional; que no nos condene a pasar horas observando el reloj de arena en la pantalla del ordenador mientras se abren los documentos o para firmar una providencia.

¿No os da envidia ver las oficinas de la Agencia Tributaria, o de cualquier Consejería autonómica, por ejemplo?

Estancias pulcras.

Estanterías vacías.

Despachos luminosos.

Y papel 0.

En cambio, los juzgados apilan expedientes en el suelo porque las estanterías están llenas.

Las oficinas están sucias y, a veces, en un estado deplorable.

Pero nosotros sabemos que somos un Poder del Estado.

Tal vez solo con minúsculas.

Y nos conformamos porque nuestro sentido del deber sí lo podemos escribir con mayúsculas.

Desde la responsabilidad. Desde la independencia. Y este es otro de los motivos de nuestro cansancio.

De nuestro hartazgo.

Porque, aun siendo rabiosamente independientes, la sociedad española considera que la Justicia está politizada.

Que nuestras decisiones no nos imparciales.

Que la política dicta nuestras sentencias.

Y todos sabemos dónde está la raíz de esta percepción tan equivocada y tan injusta con nuestro trabajo silencioso de cada día.

Desde la APM siempre hemos reclamado que los doce Vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos por Jueces y Magistrados, conscientes de que el sistema actual de elección por las Cortes Generales lleva inevitablemente al ciudadano a asimilar al CGPJ con el político y, lo que es peor, a cada uno de nosotros con una determinada ideología.

Y escuchamos que hablan de jueces conservadores y progresistas. De las asociaciones judiciales como correa de trasmisión de la ideología de los partido políticos.

Confieso que, desde la inocencia, pensé que esta última legislatura, sin mayorías y obligada al pacto, sería nuestra oportunidad.

Que la búsqueda de consenso y la tan cacareada “nueva política” traerían la necesaria renovación democrática de este país que pasa, inexorablemente, por el cambio en el sistema de elección de los Vocales del CGPJ y con la vuelta al espíritu de nuestra Constitución que se ancla en la separación de poderes.

Durante meses hemos visto a los representantes de las asociaciones judiciales acudir a las Cortes Generales y allí han explicado a cada uno de los grupos parlamentarios cuáles son nuestras demandas, por qué es necesario ese cambio del sistema de elección, por qué nuestro órgano de gobierno debe volver al sistema anterior a la LO 4/2013, recuperar sus competencias, como órgano colegiado y con la dedicación exclusiva de sus miembros.

Llevamos nuestras propuestas para la mejora de la Justicia. 14 puntos concretos.

De sencilla redacción.

De fácil comprensión.

Y hemos visto cómo se creaban comisiones, subcomisiones y mesas de trabajo, muchas mesas.

Hemos mantenido la esperanza; con cautela y sin bajar la guardia, porque los jueces somos responsables, pero tenemos memoria de opositor y no olvidamos tantas promesas incumplidas.

Pero han pasado los meses y nada ha cambiado.

Ahora toca alzar la voz.

Llevar hasta el último rincón nuestras reivindicaciones.

Que la sociedad entienda por qué nos movemos y sepa que es nuestro compromiso con sus derechos y sus libertades lo que nos ha traído hasta aquí.

Y que no cejaremos hasta alcanzar nuestros objetivos.

Desde el diálogo y la responsabilidad que siempre hemos demostrado, pero también con firmeza.

 

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