El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha visto hoy obligado a salir en defensa del poder judicial, y del tribunal que ha enjuiciado el caso Manada, horas después de recibir una crítica directa y certera de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de Foro Judicial Independiente (FJI), por su pasividad ante las descalificaciones lanzadas contra los componentes de dicha Sala.
En un comunicado previo, las tres asociaciones habían dicho: «Los acontecimientos a los que asistimos desde el día ayer debieran mover a la reflexión en ámbitos muy diversos. Cuestionar el Poder Judicial y los jueces y magistrados que lo integran es cuestionar el propio Estado de Derecho. No cabe duda de que es necesario un esfuerzo adicional para explicar a la sociedad el trabajo de los jueces y el sentido de sus resoluciones, más allá del texto mismo de las sentencias».
«También es necesario que quienes tienen una posición de responsabilidad frente a la sociedad, especialmente desde un cargo público o desde los medios de comunicación, extremen al máximo la diligencia para ofrecer una información exacta, detallada e imparcial de sucesos tan trascendentales», añadieron.
Y finalizaban: «Una vez más, lamentamos profundamente que, por parte del Consejo General del Poder Judicial (y salvo alguna declaración a título personal), se haya omitido cualquier pronunciamiento ante los ataques recibidos».
LESMES FINALMENTE SALE EN DEFENSA DEL TRIBUNAL DE PAMPLONA
Varias horas después, la Oficina de Comunicación del CGPJ hizo pública esta nota: «El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ante las reacciones suscitadas por la sentencia 38/2018 notificada ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, recaída en el procedimiento sumario ordinario 426/2016, y en especial ante las declaraciones realizadas por algunos responsables públicos, quiere poner de manifiesto lo siguiente:
“El tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
«Todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales.
Y termina con una frase: «Quiero recordar, finalmente, que son los jueces y magistrados el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas”.
