Señor ministro: Los jueces, a veces, nos equivocamos pero, jamás, dictamos sentencias buscando votos.
Hemos escuchado sus palabras cuando, en entrevistas radiofónicas con ocasión del caso la “Manada”, sugería acciones del Consejo General del Poder Judicial contra el magistrado que emitió su voto particular, cuyas capacidades cuestionaba.
Con todos los respetos, no le compete al Ejecutivo sino al gobierno del Poder Judicial investigar las eventuales responsabilidades disciplinarias o la capacitación profesional de cualquiera de sus miembros.
Por otro lado, si en este asunto, o en cualquier otro, algún pronunciamiento judicial hubiere incurrido en error, no le quepa la menor duda de que será corregido a través del sistema de recursos.
En cambio nos preocupa, y mucho, ver cómo se toman las calles en un intento de presionar el normal funcionamiento de los tribunales.
No debe pasar por alto la valentía de unos magistrados que, a sabiendas de que se movían contracorriente, resolvieron en conciencia sin arredrarse ante la avalancha que se les venía encima.
Ni que decir tiene que compartimos el dolor de las víctimas.
De hecho, lo sentimos como nuestro.
Y, por esa misma razón, jamás nos doblegaremos ante las presiones de quienes pretenden humillar la Justicia ante la demagogia.
Echar mano de un supuesto “veredicto social” para condenar un imaginario “machismo judicial”, tal como tristemente hemos oído de algunas voces exaltadas, es abrir la puerta al totalitarismo.
No nos gustaría que se nos malinterpretase, pero decepciona comprobar cómo en un país donde la politización de la Justicia ha alcanzado límites intolerables, tal como advierten los organismos internacionales, se preste tanta atención a hipotéticas responsabilidades profesionales de las que no hay indicio alguno.
Y es que los jueces de nuestro país, a diferencia de otros colectivos, son abrumadoramente ajenos a los bochornosos espectáculos a que tan tristemente nos tienen acostumbrados.
Por tanto, confiamos en que velará por la separación de poderes para, en estos momentos en que se socavan los pilares del Estado de Derecho, ningún juez corra el riesgo de ser linchado en España.
