La PCIJ denuncia ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos los insultos y los ataques a los magistrados del caso manada
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04/5/2018 02:48
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Actualizado: 04/5/2018 02:48
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La Plataforma Civica por la Independencia Judicial (PCIJ) denunció ayer ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) los insultos y los ataques sufridos por los tres magistrados del caso manada por la polémica sentencia del llamado caso manada.
En este marco, solicitan, asimismo, la cooperación del CCJE para que ayude a España «a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces; y, así, le pedimos que declare la existencia en España de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial».
La PCIJ, en su escrito al CCJE, dice respetar el derecho a la libertad de expresión y a cuestionar las decisiones judiciales, sin embargo considera que todo tiene unos límites.
Y en este caso «estos límites se han trasgredido en el momento en el que se insulta a los magistrados integrantes del tribunal y se les ataca personalmente poniendo en duda su capacitación profesional».
«En las redes sociales, el movimiento denota una estructura planeada y articulada según una acción premeditada, lo que lleva a pensar racionalmente que puedan estar alentadas por activistas próximos a formaciones políticas, como se desprende de las noticias publicadas y que adjuntamos», explica.
Para la PCIJ lo más grave han sido las declaraciones del ministro de Justicia, cuestionando la capacitación del juez discrepante y sembrando en los ciudadanos la duda sobre la eficacia de la vigilancia que despliega el CGPJ sobre la salud mental y preparación jurídica de los jueces y magistrados.
Una invitación a cuestionar a todos los jueces
«La utilización política de una decisión judicial es siempre inadmisible pero, que los líderes políticos se presten a criticar una sentencia antes de haber tenido tiempo de leerla (son unos 300 folios) y que en general lo hagan, no con la pretensión de rebatir racionalmente su contenido, sino con la de imponer un relato popular de los hechos basado en el conocimiento fragmentario, mínimo y mediato (cuando no, tendencioso) de los elementos de convicción, rebasa la frivolidad y entra de lleno en la deslealtad institucional, por cuanto invita al ciudadano a cuestionar a todos los jueces y, relativizando el Estado de Derecho, reemplazar sus recursos por una pseudojusticia extrapocesal sin las garantías propias de un Estado democrático», explica la Plataforma.
La alternativa que se plantea, según la PCIJ, «desemboca en el linchamiento profesional y moral de los jueces que no se doblegan ante un veredicto social que, antes de conocer el resultado de la sentencia, se había emitido previamente en los medios sociales merced a un juicio paralelo, movido o promovido por el poder ejecutivo y legislativo con fines electorales»
Para la Plataforma, todo lo expuesto conculca la recomendación 7 (52) del Informe 18 (2015) del CCJE, que recuerda que “Los poderes ejecutivo y legislativo tienen la obligación de proporcionar toda la protección necesaria y adecuada cuando la labor de los tribunales se vea amenazada por ataques o intimidaciones contra los miembros del poder judicial. La crítica desmedida por parte de responsables políticos es algo irresponsable y supone un serio problema, ya que puede minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, involuntaria o deliberadamente”.
Parte de la culpa, desde el punto de vista de la PCIJ, la tiene el Consejo General del Poder Judicial por «Realizar una protección meramente retórica de la independencia de los tres magistrados afectados», por una parte.
Por «Omitir toda reacción ante la indicación del ministro relativa a que el magistrado redactor del voto particular pudiera tener problemas que le incapacitan para dictar sentencias, pues alimenta el descrédito personal del magistrado y la desconfianza en los jueces» y por «No adoptar medidas sobre la comunicación pública del fallo».
A juicio de la Plataforma, el CGPJ fracasó en el frente de la comunicación.
«El CGPJ no dispuso de ningún sistema o servicio para comunicar a la sociedad de forma eficaz y didáctica el fallo; explicar el funcionamiento del sistema de recursos, aclarar todas las dudas que pudiera suscitar la calificación y condena y resaltar que entre el delito por el que han sido condenados los acusados y el delito por el que pedían condena las acusaciones únicamente existe una diferencia de dos años de prisión en el Código Penal. Así lo establecen los principios básicos de la red europea de consejos judiciales, de la que la vocal del CGPJ doña Nuria Abad es presidenta, en materia de transparencia», afirma la PCIJ.
También señala la filtración a los medios de comunicación del expediente profesional del magistrado que ha emitido el voto particular. Dado que se trata de una documentación de carácter reservado que afecta al núcleo de su privacidad, queda inerme ante los ataques de redes sociales y medios que lo han venido linchando ante la opinión pública.
«Por acción u omisión, el CGPJ deberá responder ante la gravísima indefensión a que ha sido sometido uno de los jueces cuya protección tiene constitucionalmente encomendada», agrega.
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