Con el informe de la Fiscalía, el juicio de la pieza valenciana del caso Gürtel se asoma mañana a su recta final tras más de cuatro meses de sesiones. La incógnita de este juicio, que ha sentado en el banquillo a parte de la antigua dirección del Partido Popular de la Comunidad de Valencia y a un grupo de destacados empresarios de la zona, es si la Fiscalía modificará su petición de prisión para alguno de los acusados, concretamente los que han realizado una confesión completa de las ilegalidades cometidas: Ricardo Costa, cuya declaración sacudió y probablemente seguirá sacudiendo los cimientos del Partido Popular, y la de los nueve empresarios que llegaron a un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel, según sus propias declaraciones, sin olvidar a Francisco Correa y Álvaro Pérez, cabecillas de Orange Market.
Mañana martes tendrán que estar presentes los 19 encausados, y también los nueve empresarios que reconocieron haber financiado al PP valenciano con algo más de 1,2 millones de euros en las campañas electorales de 2007 y 2008.
UN LARGO JUICIO
Las sesiones del juicio comenzaron el 15 de enero, presididas por el juez de la Audiencia Nacional, José María Vazquez Honrubia.
Junto a los cabecillas de la trama y los políticos populares se sentaron los empresarios a los que se acusa de financiar ilegalmente por casi tres millones y medio de euros campañas electorales del Partido Popular.
Los primeros arrepentidos fueron los empresarios, seguidos por el líder de la trama, Francisco Correa, que reconocieron los hechos para llegar a un acuerdo que redujera su condena. Francisco Correa declaró que la incitativa de facturar los trabajos realizados por Orange Market a las empresas implicadas fue del PP.
“Si el PP no nos pagaba y nos decía que hiciéramos las facturas a estos señores empresarios, nosotros lo hacíamos·.
Correa declaró que crearon Orange Market porque “cuando dejamos de trabajar para Madrid, Álvaro Pérez conocía a Paco Camps, quien le dijo que le hiciera cosas allí para ellos. El tema fue bien y se creó la empresa para trabajar allí, pero no sólo para el PP, sino también para la Generalitat y para otras empresas. No para delinquir, como dice la UDEF”.
A preguntas del fiscal, Correa explicó que se les pagaba una parte en facturas del PP, otra en b y otra mediante factura a los empresarios.
“A mí personalmente no me han pagado nunca en efectivo. Yo recibía las cantidades desde Valencia para la caja b, que la controlaba yo en Madrid”. Correa reconoció haber pagado con dinero de esa caja B Álvaro Pérez de manera mensual.
LOS EMPRESARIOS
Previamente, los empresarios Gabriel Alberto Batalla Reigada, Enrique Tomás Ortiz Selfa, José Francisco Bevia García, Vicente Cotino Escribá, Enrique Gimeno Escrig, Antonio y Alejandro Pons Dols, Tomás y Rafael Martínez Berna reconocieron los cargos tras llegar a un acuerdo con la fiscalía el 10 de febrero 2017, y admitieron haber entregado cantidades a Orange Market por trabajos no realizados. En virtud de este acuerdo, se sustituirían las posibles penas de cárcel por el pago de una multa.
Tras declarar, el juez les autorizó a salir de la sala y no asistir a las restantes sesiones del juicio.
Pablo Crespo, número dos del grupo de Correa corroboró las declaraciones de Francisco Correa, reconociendo que Orange Market recibió pagos a través de facturas corrientes, otros en efectivo de dinero que no declaraba y que iban a parar a la caja B de Correa y pagos a través de terceros, en concreto los empresarios que reconocieron estas operaciones.
Y es que a finales de 2008, según el declarante, Orange Market tuvo problemas de tesorería notables, y “el señor Pérez, agobiado por mí y por Correa, hizo gestiones intensas, según me dijo con el señor Camps, con Costa y con todos, haciendo de todo para poder cobrar”.
Uno de los pagos que recibieron fueron 123.000 euros del grupo parlamentario, con un cheque bancario, “tengo idea de que fue el señor Serra quien intervino en esa gestión”.
Pablo Crespo dijo que Álvaro Pérez tuvo asimismo contactos con Vicente Rambla , también a efectos de cobrar, aunque dijo no recordar si como coordinador de las elecciones 2008 o como miembro del comité nacional del PP.
Las facturas que los empresarios han reconocido, declaró Crespo, “era dinero que el PP nos debía a nosotros, se correspondían con trabajos realizados para el partido que pagaron esos empresarios”. Pablo Crespo relató en este sentido una reunión que mantuvo con Álvaro Pérez y Ricardo Costa en la que éste último “nos dijo que no tenían dinero y que facturáramos a determinados empresarios, aunque me dio la impresión que ni él mismo sabía ni cómo ni con quién. Mi respuesta fue que la solución no me gustaba, de alguna forma intenté negarme, pero era eso o no cobrábamos. Al salir llamé a Correa para explicarle y finalmente aceptamos hacerlo así”, frente al peligro que corrían de ir a concurso de proveedores.
En su declaración, Álvaro Pérez Alonso, «el bigotes·, apuntó directamente a Francisco Camps como su interlocutor en Valencia y la persona que ordenaba pagarles con facturas falsas y dinero en B.
Durante su declaración confirmó así la declaración de Francisco Correa en cuanto a los pagos del PP por los trabajos de Orange Market en la Comunidad Valenciana.
“Mi interlocutor en la Comunidad Valenciana era el señor Camps. Una vez asentado en Valencia el primero con quien traté fue Víctor Campos, luego con Vicente Rambla, con Adela Pedrosa que era quien mandaba en el partido, y también con Ricardo Costa, que recibía órdenes de Adela Pedrosa”.
LA BOMBA
Pero la verdadera bomba del juicio corrió a cargo del que fuera secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, quien reconoció, proporcionando datos, fechas y nombres, el sistema de financiación ilegal del partido en Valencia, en concreto en las elecciones autonómicas de 2007 y las generales y municipales 2008, objeto del juicio.
Aparte de las subvenciones legales que reciben los partidos para sus campañas electorales, Costa admitió que los actos electorales se financiaban también con dinero opaco en efectivo procedente de los empresarios con los que tenían relación y con facturas falsas de Orange Market cursadas a estos empresarios por trabajos realizados para el PP.
Costa admitió conocer este sistema desde 2005, sin denunciarlo en ningún momento y asumiendo toda su responsabilidad por los hechos.” Era un sistema preestablecido ya anteriormente, la gerente Cristina Ibáñez nos dijo a mí y a Adela Pedrosa que Víctor Campos le entregaba dinero en efectivo de empresarios para que lo fuera ingresando de 3000 en 3000 euros en diversas sucursales del Banco Santander en Valencia.
Declaró también que Víctor Campos le dijo en 2006 que Camps y Cotino le habían encargado llevar las relaciones con los empresarios que financiaban a Camps.
Respecto a las elecciones autonómicas de 2007, en las que el PP valenciano era el responsable directo de las mismas, “las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el señor Camps, con apoyo del equipo dirigido por Vicente Rambla. No había presupuesto cerrado, la decisión de encargársela a Orange Market fue directamente de Camps, no se aprobó por ningún órgano del partido ni se aprobó presupuesto, éste se supo al final”, dijo Costa.
El declarante afirmó que los actos se pagaban de dos formas: con la subvención y con aportaciones en efectivo de empresario que tenía adjudicaciones con el gobierno.
“Es cierto que se financiaba con dinero negro”, afirmó.
“Cuando Víctor Campos me dijo que se estaba planeando una tercera forma tercera de pagar, a través de facturas de Orange Market a empresarios para pagar actos yo me niego y me quedo tan preocupado que voy a Madrid y me reúno con Luis Bárcenas, gerente nacional en ese momento, y le traslado la petición a lo que me dijo textualmente: esa es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa 2”.
En las elecciones generales de 2008, el sistema era exactamente idéntico al de las municipales, ni el gerente ni el PP Valencia intervenían directamente en esa campaña, declaró Costa, quien añadió que los gastos extras que pidió Camps para los acto centrales- fuegos artificiales, un animador, banda de música- que supusieron unos 30.000 euros en 2007 y algo más en 2008 fueron abonadas con dinero opaco al fisco de los empresarios o con facturas falsas.
“Sé las repercusiones que esto va a tener en mi familia, no lo he denunciado antes, declaro mi arrepentimiento y quiero pedir perdón a sociedad española y valenciana y particularmente a mi familia”, terminó declarando Ricardo Costa antes de responder a las preguntas de la fiscalía, durante las que exculpó a la tesorera Yolanda García en a financiación ilegal, tenía instrucciones de no pagar nada sin factura.
NO SABEN, NO RECUERDAN, NO CONTESTAN
A partir de este momento, todos los implicados y testigos que pasaron por el juicio, bien desviaron su responsabilidad afirmando que seguían órdenes de sus superiores, como Cándido Herrero, ex gerente de Orange Market o bien negaron todo conocimiento de la financiación ilegal del partido, sin olvidar a los que afirmaron sin rubor que simplemente pasaban por allí.
Cristina Ibañez, ex gerente del PP de Valencia, declaró no tener ninguna responsabilidad decisoria en el Partido Popular, ya que su cargo era meramente administrativo. La que fuera gerente del partido explicó el funcionamiento de la financiación legal del Partido popular, negó la financiación irregular o haber recibido dinero negro de los empresarios y admitió sólo los donativos anónimos de simpatizantes del partido.
Lo mismo hizo Cándido Herrero, ex gerente de Orange Market, quien negó toda responsabilidad en las irregularidades fiscales y contable y afirmó durante su declaración que seguía en todo momento las indicaciones de Álvaro Pérez y Pablo Crespo, tanto a la hora de hacer las anotaciones de ingresos y gastos como para elaborar las facturas al PP y a los empresarios: “yo lo que quería era defender mi puesto de trabajo”, dijo literalmente.
David Serra, ex vicesecretario general del PP en Valencia y ex diputado autonómico declaró desconocer que hubiera pagos en B a Orange Market y afirmó que nunca intervino en la contratación de actos, algo de lo que se ocupaba Ricardo Costa, según dijo, siguiendo la estrategia del yo sólo pasaba por allí.
“Yo tenía confianza total en la gerencia del partido. No era mi obligación el control de esos pagos y no tenía por qué poner nada en duda”, dijo e insistió en que “el señor Costa nunca me dijo nada de pagos en B”. La fiscal se empleó a fondo con correos y conversaciones telefónicas para demostrar el conocimiento de Serra de los pagos irregulares y las negociaciones con Orange Market y en concreto el empresario Enrique Ortiz, pero el imputado se fue continuamente por la tangente de su ignorancia de toda irregularidad, dando en algún momento explicaciones bastante peregrinas de las maniobras de los pagos y se mostró arrepentido de haber intercedido en el asunto.
El supuesto cerebro financiero de Gürtel Valencia, José Ramón Blanco Balín, también echó balones fuera durante su declaración, interrumpiendo a la fiscal con largas peroratas sobre el funcionamiento de la contabilidad de su despacho de asesoría fiscal, Ramón Blanco Balín, dijo estar muy “sorprendido” por todo lo que se estaba desvelando durante el juicio.
“He visto que había una caja b, pero mi despacho nunca supo nada relacionado con esta caja b. No teníamos conocimiento ni de facturas manipuladas en su concepto y que no correspondían a la realidad ni los pagos en efectivo. En 40 años es la primera vez que estoy sentado en un juzgado”, declaró a preguntas de la fiscal.
Sin embargo, una conversación telefónica con Pablo Crespo puso de manifiesto que Blanco Balín conocía perfectamente el trasiego de facturas de la sociedad y aunque el acusado le dijo a la fiscal que estaba manipulando las declaraciones, a partir de ese momento se mostró más nervioso y algo balbuceante, hasta el punto de que el juez le hizo saber que estaba divagando.
Ramón Blanco Balín controlaba Orange Market, según declaró Francisco Correa, a través de la mercantil Hator Consulting, SL. de la que poseía un 30% de acciones. El acusado declaró que las había recibido como pago por sus servicios y que nunca tuvo ninguna intervención en la gestión de la sociedad, ya que su despacho tan sólo se dedicaba a la contabilidad pura y dura en base a las facturas y hojas Excel que le enviaban desde Orange Market en Valencia y que estuvo de consejero en el consejo de administración de la sociedad tan sólo como favor temporal.
BÁRCENAS SUPERSTAR
Y llegó el turno de los testigos, con la intervención estelar de Luis Bárcenas Gutiérrez, ex tesorero del PP, que confirmó la declaración de Ricardo Costa en el juicio de Gürtel Valencia sobre una reunión que mantuvieron los dos estando el tesorero Álvaro Lapuerta de viaje “en la que me planteó su preocupación por la instrucción recibida del entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, de asegurar facturas a determinadas empresas para que se hicieran cargo de gastos del partido, algo que él consideraba inadmisible y se negaba a hacer. Le dije que estaba terminantemente prohibido”. Bárcenas añadió que se lo dijo “a Lapuerta cuando volvió y él me dijo que hablaría con Valencia de este tema, imagino que lo haría pero no tengo ni idea de con quién habló”.
Aparte de esto, el ex tesorero no se apartó un ápice del guión, explicando la mecánica de financiación de las elecciones según las directrices que se imparten a nivel nacional desde la sede central referentes a presupuestos, gasto, financiación, etc. y puntualizando la prohibición expresa de aportar más fondos. “El presupuesto de las elecciones municipales se hacía de forma global desde la sede nacional con instrucción precisa que sólo se podía gastar esta cantidad remitida, y que cualquier gasto no controlado podía suponer superar los límites de estos fondos. Había un manual de campaña donde figuraban muy claramente estas instrucciones”, dijo.
Entre los desmemoriados que han pasado como testigos por el banquillo, figura también Adela Pedrosa, que dijo recordar sólo los mensajes políticos de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La que fuera secretaria general el Partido Popular de la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2007, alcaldesa de Elda, actualmente senadora por el PP, tampoco se acordaba de casi nada acerca de la organización de las elecciones de 2007, y tan sólo dijo que todos los días se daba un mensaje político para difundir, que la organización de los actos era competencia de la dirección regional y que en el partido, las órdenes en materia económica las daba Ricardo Costa.
Su participación en el comité de campaña como secretaria general del partido y candidata en ambas elecciones, fue meramente simbólica, según declaró, ya que se dedicaba a su campaña para alcaldesa de Elda.
LOS ACUSADOS
Francisco Correa Sánchez. 24 años y medio
Pablo Crespo Sabaris. 24 años y medio.
Álvaro Pérez Alonso. 27 años
Cándido Herrero Martínez. 19 años y medio.
Vicente Rambla Momplet. 7 años y 9 meses.
Ricardo Costa Climent. 7 años y 9 meses.
Cristina Ibáñez Vidal. 7 años y 9 meses.
David Serra Cervera. 7 años y 9 meses.
Yolanda García Santos. 6 meses
Ramón Blanco Balín. 17 años y medio.
LOS EMPRESARIOS
Enrique Gimeno Escrig. Antonio Pons Dols. Alejandro Pons Dols. Tomas Martínez Berna. Rafael Martínez Berna. José Enrique Fresquet Martínez. Gabriel Alberto Batalla Reigada. Enrique Tomás Ortiz Selfa, José Francisco Bevía García. Vicente Cotino Escribá.
LAS EMPRESAS Y SUS ADMINISTRADORES
Orange Market. Álvaro Pérez Alonso
Diseño Asimétrico SL. Administradores judiciales
RBlanco Asesores SL. Ramón Blanco Balín
PIAF SL. Administradores concursales
FACSA . Enrique Gimeno Escrig
Grupo Vallalba SL. José Enrique Fresquet Martínez
CHM Obras e Infraestructuras SA. José Enrique Fresquet Martínez
PADELSA Infraestructuras SA. José Enrique Fresquet Martínez
LUBASA Desarrollos Inmobiliarios. Alfonso Gil Egido
Enrique Ortiz e hijos, contratista de obras AS. Enrique Tomás F. Ortiz Selfa
Ezentis Infraestructuras. AS Vicente Cotino Escribá
SEDESA Inversiones SL . Vicente Cotino Escribá
Fundación Pontia. Vicente Cotino Escribá
