Una abogada de avilés se enfrenta a una pena de diez años de prisión y a catorce de inhabilitación profesional como presunta autora de la apropiación indebida de más de un millón de euros de una treintena de sus clientes.
El juicio tendrá lugar este martes en Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.
En concreto, está acusada de un delito continuado de deslealtad profesional por el que le reclaman cuatro años de inhabilitación para ejercer como abogada o procuradora; de otro de apropiación indebida por el que el fiscal pide siete años de prisión y otros tantos de inhabilitación, y de un tercer delito de falsedad de documento público por el que solicita tres años más de cárcel y otros tres inhabilitación profesional.
La Fiscalía reclama también multas que ascienden a los 67.500 euros el pago de una indemnización a los clientes supuestamente estafados por un importe cercano a los 1,3 millones de euros.
Por contra, la defensa mantiene que esta abogada no se apropió de cantidad alguna de sus clientes, aunque sí reconoce que pudo haber cometido «negligencia en algunos casos» como consecuencia de una «grave enfermedad mental» que padece y que, en una ocasión, llevó a esta abogada a arrojarse por la ventana de su antiguo despacho, en Piedras Blancas.
Según la versión del fiscal, entre los años 2001 y 2013, la acusada se comprometió a desarrollar las gestiones encargadas por un número elevado de clientes que acudieron a su despacho y le confiaron la defensa de sus intereses en distintas materias por su condición de letrada que no llevó a cabo.
De este modo, «a sabiendas del quebranto de la lealtad y diligencia esperada, sin llevar a cabo las actuaciones encomendadas, hizo suyas las cantidades que le fueron satisfechas por aquellos», según la versión del fiscal.
También confeccionó documentos oficiales y manipuló resoluciones judiciales que tenía en su despacho pertenecientes a otros procedimientos judiciales y que entregó a sus clientes para evitar ser descubierta, creándoles así expectativas infundadas sobre sus pretensiones y generándoles perjuicios manifiestos derivados de la absoluta manipulación de la información que les había suministrado, dificultando o impidiendo el ejercicio de sus acciones judiciales.
La defensa de la abogada alega incapacidad absoluta
Por contra, el abogado defensor, Marcelino Tamargo, mantiene que no se apropió de ninguna cantidad y que las negligencias que se le pueden achacar se derivan de una enfermedad que llevó a la Seguridad Social a reconocer en el año 2013 la incapacidad absoluta de su cliente para desarrollar cualquier tipo de trabajo
Según la defensa, la enfermedad mental era conocida por el exsocio del bufete con el que, según su versión, mantenía una relación sentimental y que se ha personado como acusación particular, al igual que más de una treintena de clientes.
