Caso «manada»: Esta sociedad tiene un problema de fondo, serio y grave

Al margen del interesantísimo debate jurídico que suscita la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en el denominado caso de “la manada”, la sonora reacción popular, manifestación más del juicio paralelo que se ha hecho a lo largo de todo el procedimiento, merece una reflexión.

Como país, como sociedad, como personas, como hombres y mujeres.

Y empezaré por mí.

En mi caso, nunca me permito el lujo de hablar de asuntos judicializados si no conozco los autos.

Tampoco me atrevo a valorar jurídicamente el contenido de una resolución judicial sin haberla leído con detenimiento y haber escudriñado cada uno de sus fundamentos.

Quizás sea deformación profesional. Soy Fiscal. Creo en el Estado de Derecho.

Y forma parte de ese Estado Derecho del que orgullosos solemos presumir, respetar el contenido de las resoluciones judiciales.

Eso no significa necesariamente que las resoluciones judiciales contengan la verdad absoluta, ¿existe acaso esa verdad absoluta a la que continuamente apelan los justiciables?

Máxime cuando nuestra Constitución ampara el derecho a mentir, permitiendo que el investigado no declare contra sí mismo.

Lo que existe en España -esta España mía, esta España nuestra, que cantaba Cecilia- son unas leyes que nos dan el marco jurídico donde movernos.

Se llama principio de legalidad. Una investigación que, con pleno respeto a las garantías constitucionales, se encamina a recopilar elementos de prueba, presidida por el objetivo de descubrir la verdad material de los hechos y esclarecer eventuales responsabilidades.

Un Ministerio Público que, tras valorar esos medios de prueba, decide si los hechos investigados son o no subsumibles en alguna de las conductas que la ley castiga como delito y si en consecuencia formula o no acusación.

Y finalmente un juicio oral donde se practica la prueba.

Prueba que jueces responsables, independientes y sometidos a la legalidad vigente, valoran en conciencia para pronunciar el fallo después de oídas todas las partes: defensas, acusaciones y el siempre imparcial Ministerio Fiscal.

Claro es que puede estarse en desacuerdo. Como también que dichas resoluciones de jueces y magistrados, e incluso la postura mantenida por la Fiscalía, pueden -y deben- someterse a crítica, y a revisión por la vía del recurso. Faltaría más.

Pero, en mi opinión, la crítica debe necesariamente hacerse desde el rigor jurídico y no desde posturas legas y demagogas.

Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Si hacemos un muestreo, tomando como muestra más representativa de la opinión pública, los “yo sí te creo”, “no es no” o “no es abuso, es violación”, que se cuentan por miles en redes y grupos de «WhatsApp», uno rápidamente se percata de que apelar a la prudencia y al sentido común en este tema resulta prácticamente imposible.

Y ello tristemente denota que la sociedad en que vivimos tiene un problema de fondo serio y grave, que va más allá de intolerables faltas de respeto al contenido de la sentencia y a quienes la han dictado.

El problema radica en un desconocimiento generalizado de las bases sobre las que se cimenta nuestro Estado Democrático y de Derecho.

Un desconocimiento que alcanza a todos los estratos sociales y que se traduce en una sociedad que no respeta los derechos de los procesados -por entenderlos contrarios a los de la víctima-, la presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo, la valoración de la prueba y el criterio técnico del Tribunal. Una sociedad con ansia de castigo.

Y todo, alimentado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación, favorecido por la cobertura de las redes sociales y promovido oportunamente por quienes enarbolando la bandera de la libertad de expresión se creen con derecho a todo.

Y lo peor, con absoluta razón.

Quizá sea éste un buen momento para replantearnos qué clase de sociedad queremos ser y para recordar, que es precisamente el respeto a la ley y a quienes tienen el deber de aplicarla lo que nos hace libres e iguales.