La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante juzgará a partir de este lunes a el expresidente, Modesto Crespo y el exdirector, Roberto López Abad, de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), junto a 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.
La vista oral, declarada de especial complejidad, se desarrollará en trece sesiones diarias durante los meses de mayo, junio y julio en una sala de la sede judicial ubicada en la calle Pardo Gimeno de la ciudad.
Esta causa es una de las que afectan a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruida como el resto por la Audiencia Nacional, que la derivó en 2016 a un juzgado de Instrucción de Alicante.
La Fiscalía Anticorrupción pide provisionalmente penas de cuatro años de cárcel y multas de 120.000 euros para el propio Crespo y el exdirector general Roberto López Abad, a los que acusa de delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Sin embargo, el expresidente de la CAM ha negociado en los últimos días un acuerdo previo con el fiscal que incluye una confesión y el pago de la responsabilidad civil a cambio de una rebaja de la pena que le permita eludir el ingreso en prisión, según fuentes próximas al caso.
A expensas de que se materialice el pacto en la primera sesión destinada a cuestiones previas, implicaría que Crespo reconozca los delitos de apropiación indebida agravada y un delito societario de administración desleal. También que, a cambio, se le reduzca la pena de prisión a un año frente a los cuatro solicitados por el Ministerio Público y la acusación particular, y la devolución a plazos de 600.000 euros.
La acusación particular aceptará el acuerdo que le ha presentado la abogada de Modesto Crespo, Adriana de Buerba, según las fuentes consultadas, siempre y cuando el expresidente de la CAM detalle durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas, señale al presunto diseñador de la operación, Roberto López Abad, y a quién lo hizo posible, al exvicepresidente de la CAM y miembro de la Comisión de Retribuciones de la Entidad, Antonio Gil-Terrón.
Para los otros 19 acusados, el Ministerio Público reclama penas de hasta tres años y multas de hasta 81.000 euros como autores de los mismos delitos.
PLAN PARA «BURLAR» LOS ESTATUTOS DE LA CAM
Para el fiscal Luis Rodríguez Sol, autor en mayo de 2016 del escrito de calificaciones, queda probado que Roberto López Abad, director general de la entidad en 2009, ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que establecían el carácter honorífico y gratuito de la presidencia, lo que impedía a Modesto Crespo cobrar dietas extraordinarias.
Para saltarse la prohibición, López Abad propuso el 29 de noviembre de 2009, a la Comisión de Retribuciones de la CAM, que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L. Se trata de una tenedora de inversiones participada al 100% por la Caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales. La Comisión de Retribuciones de la CAM acordó trasladar la propuesta al Consejo de Administración, que fue aprobada el 27 de noviembre de 2009.
600.000 EUROS POR UNA ACTIVIDAD INEXISTENTE
El 9 de diciembre de 2009, la Junta General de Tinser Cartera, lo materializó. El escrito de Fiscalía indica que los nombramientos del presidente y de los vocales fueron «meramente formales», así como las juntas de este consejo, que nunca se reunieron físicamente y que, a pesar de ello, Crespo «percibió 600.000 euros como retribución por una supuesta dedicación «inexistente».
Tres años después, el 1 de junio de 2012 el Fondo de Garantía de Depósitos vendió la Caja al Banco Sabadell S.A., por el precio simbólico de un euro, que fue absorbido el 3 de diciembre de 2012. Tinser Cartera, S.L., fue absorbida el 29 de diciembre de 2014 por Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A., sociedad filial de Banco Sabadell. La CAM, inmersa en el proceso de transformación a Fundación, denunció estos hechos ante el Juzgado Central de Instrucción el 3 de septiembre de 2014. (CONFILEGAL/EP)
