El 155 se acabará cuando se den dos condiciones. La primera, cuando se forme un nuevo ejecutivo. La segunda, cuando los nombramientos se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Y eso no ocurrirá, por ahora.
Por ello, el nuevo ejecutivo autonómico catalán no puede existir. Sin esa condición, los nombramientos no tienen efectos legales.
El Gobierno, que cuenta con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, considera una provocación que el nuevo presidente del gobierno autonómico haya nombrado entre sus consejeros a dos encarcelados preventivamente, y procesados por los supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos –Jordi Turull y Josep Rull, para Presidencia y Territorio- y a dos fugados en Bélgica –Toni Comín y Lluis Puig, para Salud y Cultura-.
Es la constatación de que lo que Torra busca «una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana».
Al «delegado de Puigdemont» -como se ha autodefinido- no le queda ahora otro paso que rectificar su lista si quiere que se levante el 155.
Una segunda alternativa que podría tomar Torra sería la de seguir adelante con tomas de posesión ilegales, lo que supondría elevar un escalón más dicha confrontación.
Un escenario en el que el Gobierno podría actuar con plenos poderes en todas las Consejerías porque la intervención sobre la Generalitat se mantiene a todos los efectos.
El Gobierno señaló, en un comunicado, que analizará la viabilidad del nombramiento propuesto por Torra a través de su Secretariado, el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto del nuevo Govern en el BOE.
«En el día de ayer [por el viernes], el señor Torra quiso escenificar una voluntad de diálogo que ha durado menos de 24 horas», lamentaba el Ejecutivo en el escrito, en el que critican que el ‘president’ haya desaprovechado una oportunidad para demostrar que desea «recuperar la normalidad».
«Tanto el Gobierno de la Nación, como las fuerzas políticas constitucionalistas, hemos venido exigiendo al Sr. Torra que ponga fin a esta confrontación política que solo genera desasosiego social y un importante perjuicio al conjunto de la sociedad catalana», insiste el Gabinete de Mariano Rajoy, que incide en que la voluntad de diálogo de Torra «no es sincera». CON INFORMACIÓN DE EP.
