La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá este miércoles el juicio contra una mujer para la que la Fiscalía pide cinco años de prisión por supuestamente haber cobrado durante 13 años la pensión de su padre fallecido.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada alteró la fecha de la muerte de su progenitor, que constaba en el certificado de defunción en el día 17 de diciembre de 2015. No obstante, según la certificación auténtica en el Registro Civil de Santiago, el óbito se había producido el 17 de diciembre de 2002.
La Fiscalía asegura que, pese a conocer la fecha real del fallecimiento, la mujer percibió indebidamente durante esos trece años los importes correspondientes a la prestación de jubilación del Instituto Social de la Marina (ISM) que correspondía a su padre desde 1980.
En total, esta cantidad asciende a 96.507,98 euros, de los que el ISM recuperó 32.861,50 a través del mecanismo de retrocesión bancaria.
Por ello, según el relato fiscal, la deuda de la acusada con el organismo es de 63.646,48 euros.
Por los hechos, el Ministerio Público la acusa de haber cometido un delito continuado de apropiación indebida y pide para ella, además de los cinco años de cárcel, el abono de la deuda a la Seguridad Social.
FRAUDE FISCAL
La Audiencia Provincial de A Coruña condenó el pasado mes de abril a tres años y nueve meses de prisión a un matrimonio por fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental al haber cobrado la pensión de un familiar fallecido durante más de 20 años.
Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, a los acusados, además de las penas solicitadas por la Fiscalía, se les impuso el pago de una multa de 67.800 euros por cobrar durante un total de 24 años la pensión de discapacidad del padre de la condenada.
A lo largo de todo ese tiempo, tal y como se recogió en el escrito de la acusación, ni el yerno ni la hija comunicaron a la Xunta el fallecimiento del beneficiario, por lo que la Administración continuó ingresando la cuantía de las prestaciones en la cuenta bancaria que el fallecido compartía con su esposa, muerta en 2015. (EP)
