Adolfo Suárez Illana, socio y presidente internacional del despacho Ontier, ayer se sinceró, pública e ideológicamente sobre la huelga que han convocado para hoy las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales: «Me rechina que un poder del Estado se pueda poner en huelga. Pero estoy de acuerdo con las reivindicaciones de jueces y fiscales».
Suárez Illana hizo estas declaraciones en el marco de la mesa redonda que se celebró ayer en el Club Siglo XXI, en el hotel Eurobuilding de Madrid, en la que también participaron los magistrados María Jesús del Barco, por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Eva Atares, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Ignacio González Vega, por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ángel Rubio del Río, por Foro Judicial Independiente (FJI), y Manuel Ruiz de Lara, que actuó de «líbero» planteando a los intervinientes preguntas incisivas.
El acto estuvo moderado por Paloma Segrelles.
«La magistratura es la garante de las libertades públicas. Y debe ser independiente del único poder que puede conculcar las libertades, que es el poder ejecutivo», añadió Suárez Illana.
«La Constitución dice que de los 20 vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial, 12 tienen que ser jueces. Se forzó para posibilitar que fueran elegidos por el Parlamento, pero la Constitución es clara: tienen que ser elegidos por sus iguales. Hay que desligar política y jueces, por el bien de la democracia. Hay que volver al sistema de 1980», apostilló el abogado.
Una opinión sobre la que hubo consenso entre todos los participantes.
Empezando por María Jesús del Barco, titular del Juzgado de Primera Instancia 4 de Madrid, que en su intervención resumió la relación con el Ministerio en tres pasos.
En su primera fase la describió como un «diálogo de besugos», porque sus interlocutores no saben como funcionaban los juzgados.
En la segunda, como un «diálogo de sordos», porque les han abierto comisiones y subcomisiones de Justicia para llegar a ningún sitio.
Y en la tercera, como un «desencanto patente», porque, «aunque somos rabiosamente independientes, no nos dan medios para hacer nuestro trabajo. Nos mandan todos los días a correr en Montecarlo con un Seiscientos, en vez de con un Ferrari. Y así no se puede».
Eva Atares, venida de Barcelona, donde tiene su destino como magistrada en el Juzgado de Primera Instancia 57 de la ciudad condal, hizo, por su parte, una descripción del abandono de la carrera judicial, por lo que respecta al Ministerio de Justicia, desde 2003.
La magistrada se refirió a los nombramientos que realiza el Consejo, que no obedecen a mérito y capacidad, y que ponen en tela de juicio la independencia de la propia Justicia. Y señaló las 18 propuestas planteadas por jueces y fiscales para la mejora de la justicia, a las que el el Ministerio no ha hecho caso.
En su intervención, González Vega, que sirve como magistrado en el Juzgado de lo Penal 20 de Madrid, pidió disculpas por los perjuicios que puedan sufrir la ciudadanía hoy.
«Se suspenderán vistas. A mí, personalmente, no me gusta, pero no nos han dejado otra. Será un día histórico. Por primera vez en la historia las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales hemos convocado conjuntamente una huelga. Yo creo que no nos damos cuenta de la trascendencia de lo que vamos a vivir mañana», dijo.
«¿Qué ocurrirá después? Esperaremos con la mano tendida al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial, para llegar a acuerdos. ¿Y si no ocurre? Seguiremos con las movilizaciones. En las últimas 4 semanas hemos llevado a cabo 4 paros de una hora en toda España, secundado por un 33 por ciento de los compañeros y compañeras, y hemos hecho una manifestación frente al Ministerio de Justicia», agregó.
Rubio del Río, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, se centró en las retribuciones, recordando que la carrera había perdido un 9,4 por ciento de poder adquisitivo desde 2011. «No se cumple la Ley de Retribuciones. Hace quince años que no se convoca la Ley de Retribuciones», recordó.
Ruiz de Lara, venido también de Barcelona -está destinado en el Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona- mantuvo, con sus preguntas, la tensión de un debate en el que la unanimidad en las respuestas aclararon a los asistentes las razones.
