La Obra Social del ICAM actualizará sus criterios para ayudar a los abogados más necesitados
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24/5/2018 05:55
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Actualizado: 23/5/2018 23:21
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Ayudar a aquellos abogados que no necesiten con una redistribución más justa de los recursos, este es uno de los objetivos de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de su diputada Ángela Cerrillos, encargada de impulsar la política social en el Colegio desde la Fundación Cortina. A su juicio, junto con una amplia clase media de abogados que gestionan sus despachos hay otra parte cada vez más importante de compañeros con escasos recursos por diversas circunstancias.
La entidad colegial abre el 1 de junio una convocatoria que durará todo ese mes para poder acceder a las ayudas de su obra social “ya no se trata solo de presentar la fe de vida sino que habrá que optar por acreditar cuál es la situación de cada abogado con criterios económicos.
En la actualidad unos 2200 compañeros están cobrando estas ayudas, pero también sabemos que la obra social es una gran desconocida para el colegiado”. La solicitud se podrá enviar telemáticamente aunque el ICAM pondrá en marcha un servicio telefónico para ayudar aquellos colegiados que no sean duchos en materia informática.
Ángela Cerrillos, abogada y experta en igualdad, expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis durante muchos años, es la cabeza visible de la política social del Colegio de Abogados de Madrid. De ella y de su equipo depende el desarrollo del Plan de Igualdad, la gestión de las ayudas de la Fundación Cortina a abogados con escasos recursos, el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía y las relaciones del ICAM con la Mutua Sanitaria MUSA.
Nuestra interlocutora es consciente que con la nuevas normas habrá algunos abogados que dejen de recibir dichas ayudas y otros, en el momento que se publicite este servicio se incorporen a la lista de beneficiarios. “Es una incógnita saber de qué número estamos hablando en estos momentos. Cuando se abrió la convocatoria en el 2014, en estos últimos cinco años solo lo han pedido 48 nuevos beneficiarios. Ahora no podemos saber en cuánto se va a incrementar el número de beneficiarios”.
Los requisitos que ahora se plantean es ser colegiado o huérfano o viudo/a de colegiado. Presentar la solicitud, estar jubilado o en situación de invalidez.
Algo importante es no ser ejerciente para que no se compaginase el cobro de la prestación con el trabajo profesional.
Junto a ello se pide estar al corriente de pago de las cuotas ordinarias como no ejerciente, tener antigüedad mínima de 25 años como colegiado y unos ingresos de la unidad familiar no superior a los 18.000 euros brutos anuales. También se habla de disponer como patrimonio único de la vivienda.
El origen de esta política social viene de una Junta General del 2005 por el que la Mutualidad de la Abogacía dejaba de encargarse de unas prestaciones para abogados que habían alcanzado unos años y era el propio ICAM quien se encargaba de las mismas. “En aquel momento los requisitos no tenían connotación económica: pertenencia al Colegio durante un determinado tiempo; estar al corriente de pago. Los criterios se modificaron en el año 2014”, apunta.
En ese año Cerrillos destaca que “los criterios se cambiaron para los que accedían por vez primera. Los anteriores para cobrar la prestación deben presentar la fe de vida sin estos nuevos requisitos apuntados. Eso fue lo que nos encontramos cuando asumí el cargo de Apoderada de la Fundación Cortina. El Colegio financia dicha fundación con dos millones y medio de euros anuales. Ahora queremos saber quién cobra las prestaciones”.
Ángela Cerrillos, abogada y experta en igualdad, expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Modernización de la Fundación Cortina
Desde esta Junta de Gobierno se pensó que los criterios para acceder a estas ayudas deberían ser de carácter económico “y darlo a quien más lo necesitaba. La decisión que se ha tomado es que los criterios tomados en el 2014 sean extensibles a todo el colectivo de abogados que pudieran ser beneficiarios de la prestación. En función de los resultados de la convocatoria es muy posible que se actualicen las cantidades que Fundación Cortina ofrece a sus beneficiarios.
En este escenario también se va a plantear modernizar la Fundación Cortina, entidad que está financiada al cien por cien por el ICAM y sus Presupuestos Generales. Hay un máximo de 1700 euros y un mínimo sobre los 45 euros que pueden recibir los propios beneficiarios. “Durante el 2017 las prestaciones canalizadas desde esta Fundación supusieron casi tres millones de euros”, apunta Cerrillos. De ese total, la obra social ocupa dos millones y medio casi el 10% del presupuesto del ICAM”.
Cerrillos es consciente que hay abogados madrileños que viven en un estado de necesidad preocupante con 500 euros al mes. “La abogacía es tan diversa. Junto a aquellos que han logrado un bienestar económico y tienen un importante patrimonio, hay una amplia base media de compañeros que viven con dignidad y otra con una bolsa de pobreza importante. Hay que darse cuenta que los abogados no tenemos derecho a ninguna pensión de la Seguridad Social, más allá de la Mutualidad y de lo que hayas aportado”, aclara.
Desde la Junta de Gobierno se piensa que la Obra Social debe ir centrada a estos profesionales “con escasos recursos económicos cuando están asumiendo su vejez y hay que ver la forma de ayudarles”, aclara. Para Cerrillos había llegado el momento de revisar esta política social y romper la rutina imperante “hay que afrontarlo y ver que estas decisiones que hemos tomado beneficien al colectivo que más lo necesite”. Nuestra interlocutora es consciente que si cuaja esta iniciativa, otros Colegios podrían seguir la estela marcada desde el ICAM.
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha entregado 23,6 millones de euros desde el año 2011 a la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande para gestionar las prestaciones asistenciales aprobadas anualmente por el organismo que representa a 77.043 abogados. Esta Fundación se constituyó en el año 2000 mediante la fusión de las fundaciones Premio Cortina y Fundación Domingo Romero Grande y está controlada por el ICAM, estando su patronato compuesto por miembros de la Junta de Gobierno.
Las otras prestaciones de la Fundación Cortina según las últimas cifras suponen 115.000 euros en dependencia y guardería, prestaciones periódicas excepcionales 300.000 euros.
Al mismo tiempo el ICAM paga la póliza de la Mutua MUSA a los que reunían ciertos requisitos de edad y colegiación desde el 2013.
El pasado año supuso 894.000 euros para cerca de 350 beneficiarios por criterios no económicos, sobre todo de edad. Un 30% de ellos supera los 80 años de edad. Con esta nueva convocatoria se quiere llegar a todos los abogados que necesiten este apoyo económico y redistribuir mejor las ayudas que se otorgan en este momento.
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