«Algunos de los problemas derivados del escaso entendimiento de las órdenes europeas de detención que han sido cursadas por España tienen su origen en la singularidad de nuestro modelo procesal», afirmó ayer Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en el curso de su intervención en la jornada de clausura de «La nueva justicia penal ante la corrupción y la delincuencia organizada», que se celebró entre el miércoles y el jueves en el Consejo General de la Abogacía Española.
«En algún país europeo no se entiende lo que es un auto de procesamiento. Es muy importante que el juez belga o el juez alemán se relacionen. El problema está en que decirle a un juez alemán, ‘mire es que el auto de procesamiento significa una medida cautelar que implica la asunción jurisdiccional de los indicios que militan en contra del ciudadano y que, además, lleva incorporado…’ No lo entiende. Porque la investigación corre a impulsos, en toda Europa, del fiscal», explicó.
«Y quienes inventaron el modelo de juez instructor, que son los franceses, lo han abandonado. Sigue existiendo, es cierto. Pero el otro día me decía la magistrada de enlace francés que las estadísticas están entre el 3 y el 5 por ciento de los asuntos que todavía investiga en Francia el juez instructor. Los grandes crímenes. Pero toda Europa se somete a un modelo en el que investiga el fiscal», añadió.
«Yo no entiendo esa molicie a la hora de fusionar dos textos [el proyecto de Ley que realizó el PSOE en 2011 y el que hizo el PP en 2013] que son perfectamente fusionables y que se presentaron como una alternativa al proceso penal del siglo XXI».
A su juicio, el modelo de juez instructor es difícilmente entendible por países que están acostumbrados de manera histórica a una investigación por el fiscal.
A la intervención de Marchena le sucedió una mesa redonda mixta sobre perspectiva multidisciplinar y futura política legislativa moderada por Gabriel Casado Ollero, catedrático de Derecho Financiero, abogado y vocal de M24DOS, en la que tomaron parte Andrés Sánchez Pedroche, catedrático, también, de Derecho Financiero, Enrique Arnaldo Alcubilla, catedrático de Derecho Constitucional, José Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso de los Diputados y portavoz en la Comisión de Justicia por Ciudadanos, Juan José González Rus, catedrático de Derecho Penal y María Jesús Moro, portavoz del PP en la mencionada Comisión de Justicia.
