El senador Manuel Altava, originario de Castellón, es juez de profesión y presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Carlos Berbell/Confilegal.
Manuel Altava: «En España somos especialmente querulantes, mucho más que los franceses»
Presidente de la Comisión de Justicia en el Senado
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26/5/2018 00:15
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Actualizado: 26/5/2018 11:18
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Manuel Altava Lavall, 59 años, magistrado en excedencia, es senador por el Partido Popular desde hace diez años -tres legislaturas- y presidente de la otra Comisión de Justicia, la del Senado.
Nacido en Castellón, abogado, técnico de la Administración General y profesor universitario en su primera etapa profesional, accedió a la judicatura por el tercer turno en 1993 y ejerció la magistratura hasta 2008.
«Nos presentamos 600 y lo sacamos 15. Fue a la segunda convocatoria», dice sin ningún atisbo de nada. «Me encantó ser juez, lo reconozco. Y sí, esto es como ser guardia civil o sacerdote. Aunque te dediques a la política, tienes muy presente quién eres, de dónde vienes. Esa es una gran ventaja, y una gran responsabilidad».
La entrevista tuvo lugar en el Senado la víspera de la publicación de la sentencia de Gürtel, primera etapa, asunto que no emergió en la conversación. Lo que sí que salió, a las primeras de cambio, es lo que más preocupa en el «planeta justicia»: su reforma.
Se hace mucho hincapié en los medios materiales y se hace menos énfasis en la reorganización. ¿Cuál es más importante?
La organización, sin duda. Uno de los problemas de los que adolece la justicia española es el exceso de litigiosidad. No tiene sentido que con 47 millones de españoles haya 9 millones de asuntos y se dicten un millón y medio de sentencias al año.
Un número de asuntos que se ha visto reducido por la desaparición de las faltas y porque tampoco se judicializa el sobreseimiento provisional (sin autor conocido).
En Francia, siendo 20 millones de habitantes más que en nuestro país, tienen dos millones de asuntos menos. Aquí se judicializa todo. Se permite que se judicialice todo.
Aquí, en España somos especialmente querulantes, mucho más que los franceses. Quizá es porque nos lo permite la ley. Tenemos que encontrar puntos en común donde tengamos claro que no se puede judicializar todo. Y eso significa ir a la mediación o al arbitraje.
Los jueces yo creo que deben estar para las cosas complicadas donde un poder del Estado deba actuar.
Querulante, según la Real Academia de la Lengua Española significa querellante patológico. Y querella, acto por el que el fiscal o un particular ejercen ante un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsable de un delito. Es curioso que emplee esa palabra. No mucha gente la conoce.
En el mundo de la justicia, de donde provengo, es muy conocida. Y sí, en España hay más querulantes de los que nos podíamos imaginar. Hay personas pero también hay asociaciones.
Manuel Altava lleva tres legislaturas, un total de 10 años, como senador. Carlos Berbell/Confilegal.
El problema de los métodos alternativos de resolución de conflictos, de los que usted habla, refiriéndose a la mediación o al arbitraje, es que la gente confía menos en un mediador o en un árbitro que en un juez.
El problema está en la propia ciudadanía, en la cultura que tenemos. Nos fiamos más de los jueces porque tenemos una tradición judicial. Y porque funcionan muy bien.
Conviene recordar que la gente era muy reticente al jurado popular y ahora están funcionando en toda España. Habrán dictado sentencias más o menos acertadas pero ahí están.
Si ponen árbitros buenos, gente con sentido común, que es lo que se necesita para dictaminar algo entre parte, la gente confiaría en el sistema.
En 1985 en Estados Unidos desarrollaron el concepto «multipuertas», por el que las demandas que se producían iban a arbitraje, mediación o directamente a juicio.
A mí me parece una buena solución si hubiera alguien, como un letrado de la Administración de Jusricia que decidiera qué asuntos debían ir a j surtiría, qué asuntos a mediación y qué asuntos a arbitraje. Pero para llegar a eso, antes que hacer mucha pedagogía. Y mucho antes de la pedagogía, que nosotros, en la política, nos pusiéramos de acuerdo mediante el consenso.
Ser juez, guardia civil o cura es para siempre ¿verdad?
Sí, así me considero.
Pasar de un día a otro de juez a político es difícil. Me costó mucho, especialmente en los mítines. En ellos tienes que echar más fervor y convencer
¿Cuál fue el primer choque que tuvo al entrar en la política viniendo del mundo de la justicia? Porque son dos mundos totalmente opuestos.
Como juez, siempre estás en una posición equidistante entre el fiscal, la acusación (particular o popular) y la defensa. Te crees las dos versiones y luego en conciencia tomas una decisión con base en la prueba.
Sin embargo, en la política te conviertes más en fiscal. Todo lo que hace mi partido está bien y todo lo que hace el otro está mal. Y eso no es así, los “otros” dicen muchas cosas razonables.
Pasar de un día a otro de juez a político es difícil. Me costó mucho, especialmente en los mítines. En ellos tienes que echar más fervor y convencer.
Creo que el paso por la política es muy bonito. Como dice el artículo 1.6 del Código Civil,como juez me dedicaba a interpretar y aplicar la Ley. Como legislador, hago la Ley o la modifico.
Estoy muy orgulloso de aquellas modificaciones que se han hecho, que están en texto legislativos como el Código Penal por mi intervención directa.
Imaginamos que cuando ejercía como juez se preguntaba sobre cómo se tramitaban determinadas leyes o por qué estaban redactadas de determinada forma, ¿no?
Sí, ahora lo he visto en muchos textos legislativos. Muchos de ellos no los escriben juristas, sino que los escriben economistas. Eso se aprecia en la forma de decir las cosas.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado ante la vitrina que contiene la primera ‘Gramática Castellana’ de Elio Antonio de Nebrija, impresa en 1492; es la primera gramática escrita en una lengua romance y su valor es incalculable. Carlos Berbell/Confilegal.
Ahora tenemos sobre la pesa un caso paradigmático de “la manada”. ¿Como juez se ha hecho una opinión?
Mi opinión es que no se debe hablar de esa sentencia. No basta leer la sentencia. Para forjarse una opinión hay que ver la prueba. El tribunal de la Audiencia Provincial, que lleva mucho tiempo dictando sentencias, seguro que ha tomado una decisión en conciencia. A todos nos gusta dormir tranquilos por la noche. Ellos han visto las pruebas, los demás no lo hemos hecho. Solo criticamos la decisión, de 9 años de prisión. Nadie hemos visto los vídeos. Nadie sabemos lo que ha visto la Sala.
A lo mejor se tienen que reformar todos los delitos sexuales. Yo estoy de acuerdo. De hecho, el Ministerio ya ha conformado esa comisión, dentro de la Comisión de Codificación, formada por 15 mujeres y 13 hombres.
Creo que lo primero que debemos hacer es respetar la independencia judicial, ellos son los que han visto la prueba y son personas que están muy duchas en dictar sentencias.
Creo que el tribunal alemán lo ha hecho mal. Se ha extralimitado en su interpretación. Si no tenía claro el asunto, tenían que haber presentado ellos la cuestión de inconstitucionalidad ante el TJUE
Aquí habla más como juez que como político…
Claro, es que yo me considero juez.
El planteamiento que hace de la sentencia de «la manada», ¿sería extrapolable a la extradición de Carles Puigdemont y a cómo los tribunales alemanes están decidiendo sobre un asunto del que no han visto la prueba?
Creo que el tribunal alemán lo ha hecho mal. Se ha extralimitado en su interpretación. Si no tenía claro el asunto, tenían que haber presentado ellos la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que les aclarase cómo debían abordar e interpretar el tema.
Por eso nuestra Fiscalía ha vuelto a presentar los vídeos para una posible entrega.
También el juez Pablo Llarena ha rebajado la calificación de rebelión o alternativamente sedición lo que encaja con la alta traición que existe en Alemania.
¿Cree que si Alemania no entrega a Puigdemont la confianza en la orden europea de detención y entrega podría volar pos los aires?
No lo creo. Todos somos inteligentes y queremos que las cosas funcionen. Pero sí que se va a tener que hacerse un replanteamiento muy concreto del Acuerdo Schengen, de las órdenes de entrega, de detención, de investigación ….
¿Tal vez hay que revisar el tema de homologación de delitos dentro de la Unión Europea?
Sí, al menos para los delitos más graves. Aquellos que afectan a la comunidad internacional. Eso sería bueno para el futuro de Europa.
Aquí, por ejemplo, la alta traición no la tenemos tipificada como delito pero sí la rebelión y la sedición. Los jueces deben obrar en conciencia siempre. Si viene una orden de Alemania, no te tienes que fijar en nada que no se la legalidad. Y esa hay que cumplirla.
La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia han apoyado la transposición de la Directiva Europea 2014/41 a nuestro ordenamiento legal de la orden europea de investigación. Estaba en el Senado. ¿Cómo está eso?
Precisamente hoy, unos minutos, hemos aprobado la reforma de la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento muto de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la orden europea de investigación en materia penal. Ha sido por unanimidad. La misma unanimidad con la que salió de la Comisión de Justicia.
Esta orden viene a sustituir al ya antiguo exhorto de obtención de pruebas de un país a otro que tenía un ámbito más restringido solo aplicable a las que ya constaran como existentes.
En la actualidad hay tres grandes juristas que, por encargo del ministro Catalá, están haciendo una fusión del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal realizado por el gobierno del PSOE en 2011 y el de 2013, hecho por el PP, para llegar a una versión final consensuada. ¿Cree que llegará a buen puerto?
Debería. Esto debería salir con el consenso del Partido Socialista. Es un instrumento bueno para la abogacía, para la procura y para jueces, magistrados y fiscales. No es un tema político si la investigación la llevan los fiscales o no. No debería ser una cuestión política. En todo el derecho comparado la investigación, la instrucción, la llevan los fiscales.
Para Altava, los jueces, como poder del Estado, no pueden hacer huelga. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Cree que el conflicto generado en Cataluña por los separatistas ha ralentizado la aprobación de los presupuestos y, en consecuencia, la reforma de la justicia?
Creo que no. Los anteriores presupuestos también se retrasaron. El problema catalán es un problema de determinados políticos.
Como juez, ¿cómo ve las reclamaciones de sus antiguos compañeros? ¿Hubiera hecho huelga de haber estado en activo?
Por parte del Ministerio se están haciendo esfuerzos importantes en dialogar y en llegar a acuerdos. Los jueces y los fiscales trabajan mucho y es algo que se reconoce desde el Ministerio. El ministro Rafael Catalá lo ha manifestado en muchas ocasiones. Él entiende las reivindicaciones del colectivo y quiere conseguir soluciones.
Cuando vio la huelga ¿qué pensó?.
Creo que como poder del Estado no se puede hacer una huelga. Es como si el Ejecutivo dijera nos ponemos en huelga y no gobernamos. O nosotros nos pusiéramos en huelga y dijéramos “no dictamos leyes”.
Dicho eso, como tienes asociaciones, dentro de ellas sí que tienen legitimas reclamaciones y es lo que han puesto de manifiesto. El nombre indebido es el de huelga. No puede haber una huelga enmarcada en el artículo 28 de la Constitución.
¿Y cómo lo llamaría?
Un paro, una reclamación de jueces. Una manera de reivindicar sus legítimas reclamaciones.
Movilizar a un 53 por ciento de la carrera judicial es muy difícil
Sí, pero las demandas que hacen los jueces vienen de hace mucho tiempo. Se han solucionado muchas cuestiones. Se modificaron los módulos, el tema de los jueces sustitutos. Como ahora estamos un poquito mejor como país hay que empezar a reconocérseles cosas a estos colectivos, como ya ha asegurado el ministro Catalá.
Ahora tenemos 9 sistemas informáticos de gestión procesal distintos en España. ¿Eso tiene solución?
Son ocho más el sistema Fortuny de la Fiscalía. Eso es una maleza. Y por eso pasan las cosas que pasan. Alguien exhortado está en busca y captura por un determinado juzgado de una comunidad autónoma y que en otra comunidad autónoma no se sepa que está en búsqueda y captura… Sé que, en este sentido, se está trabajando mucho por parte de la Secretaría General Técnica.
Aquí todas la comunidades autónomas deben hacer un esfuerzo para intentar llegar a un sistema procesal común, donde todos participen y para el bien de todos. Son cosas que tienen que llegar.
Es normal que una policía pueda saber si una persona está en búsqueda y captura con una sola base de datos.
Como poder del Estado no se puede hacer una huelga. Es como si el Ejecutivo dijera nos ponemos en huelga y no gobernamos. O nosotros nos pusiéramos en huelga y dijéramos “no dictamos leyes”
Fernando de Rosa, magistrado y exvocal del CGPJ, ha dicho repetidas veces que a él le gustaría que el sistema judicial funcionara igual que Hacienda. ¿Lo veremos alguna vez?
Se hubiera podido llegar si no se hubieran cedido competencias en materia de Justicia. Ahora cada uno tiene su reino de Taifas. Todos con la mejor intención de que funcione la justicia, pero esa integración debe llegar.
No hablo de una cesión de competencias, pero sí entender que todos deben colaborar en un sistema de gestión procesal común único. Esa es la línea del expediente digital. Poder enviar el expediente de forma digitalizada de una comunidad autónoma a otra, con independencia del sistema de gestión procesal que se tenga.
En Hacienda no pasa eso porque Hacienda es del Estado, artículo 149 de la Constitución. No hay problema porque es competencia exclusiva del Estado.
Antes ha comentado que está favor de que la Fiscalía lleve la instrucción, pero ¿cómo ve el tema de que sea independiente económicamente?
Me alegro que me haga esa pregunta [risas]. Yo, como presidente de la Comisión de Justicia, he organizado muchas visitas institucionales, entre ellas a la Fiscalía General del Estado.
Allí tuvimos la oportunidad de conocer al anterior fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza. Nos dijo que le gustaría que se pudiera visibilizar la independencia que tienen.
Nos citó que incluso en el BOE, salían dentro del Ministerio de Justicia. Pues eso se solucionó gracias al Senado.
Lo comentamos al Ministerio y al ministro le pareció bien que la Fiscalía tuviera su propio apartado en el BOE.
Ya, pero ellos también quieren tener un presupuesto propio
Me parece bien. El Consejo General del Poder Judicial tiene presupuesto propio y es algo que la Fiscalía General del Estado también podría tener.
¿Le sorprendió que un 40% de magistrados del Supremo apoyaran la huelga?.
Ninguno estuvo en la huelga, apoyaron la reivindicaciones de los compañeros. Antes de acceder al Supremo han pasado por ser magistrados y jueces.
Altava en el antiguo hemiciclo del Senado. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Cómo funciona la Comisión de Justicia del Senado?
Está compuesta por 26 senadores. En España, por el artículo 66 de la Constitución, la iniciativa legislativa la tiene tanto el Gobierno, como el Congreso y el Senado.
Por lo tanto, tenemos las mismas competencias que tiene la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La misma iniciativa legislativa, la misma capacidad de hacer proposiciones de ley, mociones, control al Gobierno (al ministro).
Somos una comisión muy trabajadora. Solo hay que entrar en la página web del Senado para ver nuestro trabajo.
¿Siguieron con atención la creación de la Subcomisión de Justicia?
A nivel personal sí. Me hubiera gustado que hubieran tenido mayor capacidad de debate para llegar a un acuerdo, que se hubieran aprobado las 103 medidas propuestas.
¿Cree que sirvió de algo?
Siempre sirve el hablar sobre justicia. Se creó un documento de trabajo que está ahí. A lo mejor se puede recuperar muchas de las cosas recogidas en él, porque son muy valiosas.
¿Que debiera hacerse?
Estaría bien dejar ya de hablar de una reforma integral de justicia y hacerse. Creo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva podría hacer mucho bien. El resto serían reformas puntuales.
Fíjense en el Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Alguien habla de la reforma civil hoy? No.
También habría que cambiar algo de la modificación de la ejecución…. Nadie habla de que se tiene que reformar el proceso contencioso-administrativo, porque funciona. Hablaremos de si hacen falta más medios materiales o más jueces.
Usted, como senador, fue uno de los que aprobaron la aplicación del 155 de la Constitución al gobierno autonómico catalán. Ahora el nuevo presidente nombra a dos fugados y a dos encarcelados como consejeros de su gobierno. ¿Qué puede hacer el Senado?
El 155 sigue vigente. Para endurecerlo tendría que haber otra decisión del Consejo de Ministros. El 155 que aprobamos venía muy pactado y muy tasado. Sería otro 155 distinto.
El actual Consejo General del Poder Judicial termina su mandato el próximo mes de diciembre. ¿Es bueno que las instituciones se renueven en tiempo y forma?
Y tanto. Para eso, 4 meses antes, el 4 de agosto, el presidente del Supremo y del Consejo debe enviar una carta al presidente del Congreso y otro al presidente del Senado instando a la renovación. No es bueno que las instituciones se prolonguen más allá de lo establecido.
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