Una de las situaciones más complicadas de gestionar para una compañía es cuando se enfrenta a la imputación/investigación de uno o varios de sus directivos en una causa judicial, especialmente en asuntos penales.
Son casos delicados por la afectación desde el primer momento tanto en la reputación personal y profesional de dichos directivos como en la reputación de la compañía donde trabajan, especialmente en casos de altos directivos con un elevado nivel de representación y alta notoriedad.
Generalmente, ante estas situaciones, las compañías suelen tener dos formas de reaccionar, las cuales pueden incluso venir marcadas por su propio protocolo de «Compliance»:
La primera, si entiende que la gestión del directivo ha sido correcta, es defender su presunción de inocencia, al menos hasta que el caso tenga una resolución firme. Esta defensa, según el caso, podrá ser más o menos vehemente según la información y datos que la compañía disponga respecto a los delitos que se le imputan.
La segunda, si entiende que la gestión del directivo no ha sido la apropiada, es tomar medidas disciplinarias contra este (despido, retirada temporal de funciones, etc.).
Este tipo de acciones permiten a la compañía distanciarse del «issue» y ver su reputación menos afectada, al menos en este primer momento.
En ambos casos, en el ínterin hasta la toma de una de estas decisiones, suele desarrollarse una investigación interna que ayuda a la empresa en la comprobación de los hechos y a la toma de la decisión más conveniente.
A veces los intereses son divergentes
Sea cual sea la decisión final surge un problema añadido relacionado con la gestión de la comunicación: incluso en una posición de defensa del directivo, es frecuente ver cómo los intereses del directivo y de la compañía en comunicación son divergentes.
Los directivos imputados en un proceso judicial tienden a sentir la necesidad de dar a conocer su posición de los hechos desde el primer momento por la gran presión que sienten tanto de los medios como de su entorno, muchas veces sin ser conocedores de las pruebas aportadas a la investigación, los hitos del proceso o la línea de defensa legal conveniente para salvaguardar sus intereses.
Si bien desde 2010 las compañías también pueden ser ya imputadas como personas jurídicas (Reforma del Código Penal, Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio), sigue habiendo casos en los que los directivos son imputados y no así la compañía, la cual en ocasiones puede tener una responsabilidad civil subsidiaria.
La compañía, por tanto, puede tener un interés diferente al de los directivos y preferir no ser demasiado contundente o proactiva en materia de comunicación hasta conocer todos los datos y pruebas de la parte acusadora.
Es una obviedad decir que se trata de situaciones en las que ambas partes pueden verse altamente afectadas y donde cualquier decisión entraña riesgos relevantes.
Desde el punto de vista de la reputación, generalmente es preferible apostar por decisiones polarizadas: o bien mostrar un apoyo sólido al directivo imputado con una línea de defensa férrea a su gestión (en caso de que esta sea también la posición legal, evidentemente) o tomar medidas disciplinarias que permitan demostrar la responsabilidad de la compañía ante hechos presuntamente delictivos de sus empleados, aunque esto pueda llevar posteriormente a una guerra de acusaciones compañía-empleado.
No obstante, existe toda una escala de grises que hace que en estos casos existan escenarios muy particulares que haya que analizar de manera individualizada conociendo todos los riesgos y condicionantes asociados a cada uno de ellos.
Al final, lo verdaderamente relevante es que la variable de reputación esté integrada en la toma de cualquiera de las decisiones para poder prever y minimizar los riesgos asociados a las mismas.
