La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 18 meses de prisión a un empleado de banca acusado de apropiarse de más de 58.429,59 euros que incorporó a su patrimonio mediante el uso de las cuentas de los padres de su pareja sentimental, para lo que habría imitado sus firmas y utilizado sus claves personales para operaciones online, entre otros métodos.
F.M.C.S. ha mostrado su conformidad con la pena interesada por el fiscal, que ha modificado su escrito de calificación provisional en el que interesaba para él penas que sumaban cinco años de prisión como autor de un delito de continuado de falsedad en documento mercantil y continuado de apropiación indebida en concurso medial.
El Ministerio Público ha considerado que concurren en su caso las circunstancias atenuantes de reconocimiento de hechos y de dilaciones indebidas, por lo que ha rebajado las penas a un año y seis meses de cárcel que el acusado ha aceptado en el acto de juicio celebrado este lunes ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Al margen de la pena privativa de libertad, F.M.C.S. deberá hacer frente a una multa de cinco meses a razón de seis euros al día y al pago de una indemnización de 43.572 euros.
El Ministerio Público considera que entre 2008 y 2013, el acusado, «con la finalidad de alcanzar un beneficio ilícito», aprovechó su condición de empleado de banca en dos sucursales ubicadas en distintos municipios del Levante almeriense para realizar una pluridad de acciones en dos cuentas bancarias cuyos titulares eran los padres de su pareja.
De esta forma y bajo este método, el acusado consiguió incorporar a su patrimonio personal 58.429,59 euros en perjuicio de sus allegados. Para conseguir el dinero, según la investigación, el acusado «firmó documentos bancarios de reintegros o transferencias de dinero imitando las firmas de los titulares de las cuentas».
En concreto, habría realizado al menos tres reintegros fraudulentos por importe de 500, 300 y 200 euros entre 2011 y 2012, aunque se estima que habría «muchas más» en las que se habrían empleado las claves personales de banca electrónica que «él mismo solicitó sin el consentimiento de los titulares» para «realizar sus designios criminales».
El acusado llegó incluso a contratar tarjetas de débito y crédito con las cuentas de los padres de su novia «utilizando las mismas como si de sus titulares se tratara».
