Chaves y Griñán tenían «flujo de información continua» sobre las ayudas de los ERE, según la exasesora de Trabajo

30/5/2018 14:00

Actualizado: 02/8/2018 13:24

María José Rofa, asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, ha señalado este miércoles que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían «flujo y circuito de información continua» sobre las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares dadas por la Consejería de Empleo.

Durante el tercer día de su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE, Rofa, a preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha explicado en qué basa su afirmación de que Chaves y Griñán conocían las ayudas.

Así, se ha referido a un informe sobre la situación de los ERE de Mercasevilla que se remitió a Griñán, en los informes que se preparaban para las respuestas a preguntas parlamentarias sobre las ayudas que se daban y otros informes que se hicieron para el gabinete de Presidencia.

Era la forma de trabajar «normal» en el periodo de Chaves y Griñán, aportando al gabinete datos sobre el territorio que iban a visitar, los conflictos que podrían existir, cómo se solucionaban, las protestas.

Existía, según Rofa, un «flujo y circuito de información continua», insistiendo en que se basa para afirmar que tenían conocimiento en los informes que se elaboraban para visitas o para respuestas parlamentarias que recogían «las ayudas que se daban, para qué se daban y las acciones del Gobierno en un territorio o a qué colectivos se daban».

En este sentido, a preguntas del abogado de José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha explicado que el informe que se remitió a Griñán de Mercasevilla, como así declaró este martes, era «global» y se refiere a los dos ERE de esta empresa pública, a lo que estaba saliendo ya en prensa sobre este caso –en 2010 saltan a los medios irregularidades en estos expedientes de regulación–, así como la decisión del consejero de Empleo Antonio Fernández de no pagar el segundo ERE.

Al hilo de esto, ha precisado que ella elaboró un informe «más grande» pero el ex director general de Trabajo Juan Márquez, encausado en este proceso, le solicitó que lo redujera para Presidencia. Entonces Márquez lo envía al consejero Fernández y a su secretaria María Ángeles Gala, quien, a su vez, le remite a Rofa un correo diciéndole que ya «lo ha enviado a Presidencia» y ese correo «consta».

Sobre el informe de Mercasevilla, Rofa ha insistido en que recoge la «problemática» de la empresa pública, con la reclamación del pago del segundo ERE y las actuaciones del consejero sobre la paralización de los pagos y las explicaciones que le ofreció a los trabajadores».

«Juan Márquez me pide que se reduzca para Presidencia para que supiera cómo se está gestionando el tema», ha añadido. El informe «se va poniendo al día». Incluso, ha apuntado que hay otro que se entrega al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas que pone arriba «dimes y diretes».

Rofa, que ha testificado con asistencia de su letrado al encontrarse aún en calidad de investigada en la pieza separada de los ERE que investiga las ayudas a A Novo, a preguntas del abogado de José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha ratificado sus declaraciones en fase de instrucción ante la Guardia Civil en 2012 y las más de 25 posteriores ante el Juzgado de Instrucción número 6.

«No me tengo que ratificar porque ya lo he hecho y consta en las actuaciones, pero sí», ha añadido, expresando que «hasta la fecha no tiene diagnosticado problemas de memoria y por las circunstancias vividas en estos años es difícil olvidar lo ocurrido. Mi memoria es correcta».

Anteriormente, Rofa, a preguntas del abogado Manuel Pérez Cuajares, letrado de la defensa de Juan Márquez, ha asegurado que ni ella ni sus compañeros pensaban que la actuación en la Dirección General de Trabajo «no fuera otra cosa que desorden y mala gestión», pero «nadie informó» sobre posible ilegalidad o actuación contra derecho. En este sentido, ha asegurado que «el mandato» que recibió al llegar a la Dirección General era «actuar conforme a derecho y velar por la legalidad».

Por último, la exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo ha precisado, a preguntas del tribunal, que las ayudas concedidas a Astilleros fueron pagadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa «desde diciembre de 2009 hasta marzo de 2010» y a partir de entonces las pagó la Consejería de Empleo. (EP)

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