La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el caso Erial en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, ha desestimado dejar en libertad o en arresto domiciliario al expresidente dela Generalitat y exministro Eduardo Zaplana por «motivos humanitarios» debido a leucemia aguda y el cuadro de «inmunosupresión profunda» que padece, según el informe médico forense.
La defensa de Zaplana, ejercida por el bufete de Miláns del Bosch, solicitó la semana pasada, mediante un recurso de reforma, la libertad por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario del expresidente de la Generalitat y exministro, que permanece en prisión desde el pasado 22 de mayo.
La titular del juzgado de instrucción número ocho de Valencia ha denegado esta medida alegando que Zaplana ha tenido desde 2015 una vida «muy activa» acudiendo a conferencias y restaurantes «desplazándose de un sitio a otro sin llevar mascarilla, en un medio hostil donde se puede coger cualquier tipo de virus», según publica el diario El Español.
Además, subraya que el propio Zaplana ha solicitado acceso para usar el gimnasio de la cárcel, algo que «evidencia que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece».
El pasado viernes, el fiscal anticorrupción se opuso a esa libertad condicional de Zapalana que en el año 2015 se le diagnosticó una leucemia, por considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas.
Según fuentes de la defensa, la jueza ha denegado la petición pese a los informes médicos, incluido el forense, que informaban negativamente de la permanencia en prisión de Zaplana, ya que sufre «un cuadro profundo de immunosupresión», lo que supone un «mayor riesgo de sufrir infecciones y que puede llegar incluso a riesgo de muerte».
En el auto de prisión del pasado 22 de mayo, la jueza acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
