Zaplana argumenta ante el Supremo que la sentencia que le ha impuesto la Audiencia Provincial está basada en "declaraciones pactadas de forma clandestina" entre la Fiscalía y varios acusados. Foto: EP.
La defensa de Eduardo Zaplana pide al Supremo su absolución por «grave indefensión» y vulneración de derechos fundamentales
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12/3/2025 05:40
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Actualizado: 12/3/2025 08:09
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El recurso de casación presentado hoy ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en defensa de Eduardo Zaplana solicita su absolución alegando una «grave infracción de principios esenciales del proceso penal», así como una situación de «indefensión» y vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción.
Estas irregularidades, según la defensa, ya fueron ratificadas previamente por el Tribunal Constitucional durante la fase de investigación. Por lo que solicita la nulidad de la sentencia y la absolución de Zaplana o, en su defecto, la repetición del juicio sin las pruebas contaminadas.
A su juicio se ha producido una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia del artículo del artículo 24.2 de la Constitución española, porque la condena se basó en pruebas obtenidas de manera irregular; la sentencia no demuestra de forma concluyente la culpabilidad de Zaplana.
Asimismo, se considera que se produjo un violación del derecho a la intimidad e inviolabilidad domiciliaria, del artículo 18.2 de la Constitución. Porque se argumenta que la entrada y registro en el despacho de abogados Blasco Morales fue ilegal, ya que los documentos incautados no estaban amparados por la resolución judicial y se realizó una investigación sin control judicial.
Pruebas “prefabricadas” y declaraciones pactadas
El escrito de la defensa, al que ha tenido acceso Confilegal, califica esta sentencia como un fallo basado en «pruebas prefabricadas, indicios equívocos y contradicciones», sosteniendo que no existe prueba directa que justifique la condena de Zaplana.
En lugar de ello, el tribunal habría sustentado su fallo en «declaraciones pactadas de forma clandestina» entre la Fiscalía y varios acusados, quienes habrían incriminado a Zaplana a cambio de obtener beneficios procesales, como la absolución o la reducción de sus penas.
Uno de los ejemplos citados en el recurso es el del abogado uruguayo Fernando Belhot, quien, según la defensa, habría obtenido «total impunidad» a cambio de testificar contra el exministro.
De igual forma, se menciona el caso de Joaquín Barceló, Juan Francisco García y sus cónyuges, quienes habrían recibido un trato privilegiado a cambio de declarar contra Zaplana durante el juicio.
Investigación prospectiva y pruebas cuestionadas
El documento denuncia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo una investigación prospectiva sin autorización judicial durante cinco meses, lo que, según la defensa, vulneraría derechos fundamentales. No se centro en hechos concretos sino en una búsqueda generalizada de delitos. Y se alega que la acusación partió de sospechosas y no de pruebas directas de corrupción o blanqueo.
Como ejemplo, se señala el supuesto «hallazgo casual» de documentos relacionados con un plan eólico que la UCO habría ocultado al juez.
Además, se indica que dichos documentos no mencionaban a Zaplana, no le pertenecían y no podían haber sido olvidados por él en la vivienda donde fueron encontrados, ya que por ella pasaron al menos tres inquilinos más.
Argumentos contradictorios en la sentencia
El recurso destaca que la propia sentencia de la Audiencia Provincial absolvió a José Luis Olivas y a Zaplana de los hechos relacionados con el Plan Eólico, basándose en unos argumentos que, según la defensa, deberían haberse aplicado también a la adjudicación de las ITV.
Asimismo, se cuestionan los fundamentos de la condena, que atribuye a Zaplana: prevaricación, por resoluciones dictadas por otros, no por él; cohecho, por una supuesta dádiva ofrecida después de la adjudicación; blanqueo de capitales, pese a que las operaciones económicas en cuestión tienen acreditado el origen del dinero.
Dada la gravedad de la condena, su relevancia social y la extensión de la sentencia, el recurso –de 190 páginas– solicita al Tribunal Supremo la celebración de una vista en la que la defensa pueda explicar los motivos de su impugnación. Porque las penas son excesivas y desproporcionadas en relación con los hechos probados.
Con este recurso, la defensa de Zaplana busca demostrar que el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades y que la condena impuesta carece de base probatoria suficiente, lo que justificaría su anulación.
Eduardo Zaplana, exportavoz del Gobierno, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y expresidente de la Comunidad Valenciana, fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 15 de octubre a un total de 10 años y 5 meses de prisión, y a 8 años y 5 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante toda la condena.
Además, se le impuso una multa de 25.014.364 euros, con 9 meses de prisión adicional en caso de impago, y 3 años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión.
La condena se desglosa en 3 años y 11 meses de prisión por cohecho, 1 año y 6 meses por falsedad, y 5 años por blanqueo de capitales, además de 8 años y 5 meses de inhabilitación por prevaricación y las penas económicas impuestas
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