El futuro de la reforma laboral y la actualización de las pensiones, ejes de la nueva ministra de Trabajo

Magdalena Valerio con su antecesora, Fátima Bañez; detrás, Valeriano Gómez, el último ministro de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero. EP.
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En un escenario como el que vivimos, con un nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez tras haber triunfado una moción de censura, muchas de las miradas se han centrado en Magdalena Valerio, nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Ahora habrá que ver sus planteamientos sobre la reforma laboral del 2012, caballo de batalla del PSOE, que ha pedido su derogación en muchas ocasiones y cómo va afrontar el tema de las pensiones y su consolidación.

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En este último tema podemos señalar que este martes la Comisión del Pacto de Toledo lograba con el consenso de los grupos para establecer en su revisión de recomendaciones subidas de pensiones al ritmo de la inflación, e incluso superiores, en los años de crecimiento económico.

Sin embargo, la revisión de la segunda de las recomendaciones, la dedicada al poder adquisitivo y a la que los grupos han dedicado sus últimas reuniones, aún no está cerrada ya que no existe consenso con qué hacer en los años de recesión.

En este contexto, hemos pedido a tres expertos en derecho del trabajo que nos den su opinión sobre ambos temas. Rafael Giménez-Arnau presidente del Foro Español del Abogados Laboralistas (FORELAB) y socio del departamento laboral de Garrigues, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y responsable del área laboral de Mariscal Abogados y Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Para Rafael Giménez-Arnau, sobre la derogación de la reforma laboral señala que A fecha de hoy todavía no se ha expuesto por parte del Gobierno o de la nueva ministra de Empleo cuáles serán sus objetivos en materia de normativa laboral. Si nos atenemos a los planteamientos del PSOE hasta el reciente cambio de gobierno, nos encontramos con que sus propuestas legislativas se han referido a materias concretas, sin atacar el núcleo sustancial de la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”.

A su juicio “las propuestas del PSOE más relevantes hasta la fecha son: la Proposición de Ley de reforma de las contratas (artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores), la Proposición de Ley de registro diario de jornada de los trabajadores, y la Proposición de Ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres en empleo y ocupación, que si bien pueden implicar cambios muy significativos, no buscan derogar la reforma laboral del PP”.

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Rafael Giménez-Arnau es presidente de FORELAB. Twitter.

En su opinión “quizá uno de los motivos para ello sea que la citada reforma laboral ha tenido el acierto de haber fomentado la flexibilidad interna sobre la externa (despidos). Y ello ha coadyuvado, junto con otros factores, a una paralización de la destrucción de empleo en una primera fase, y a una recuperación del empleo en una segunda fase”.

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También considera que “es verdad que hay algunas cuestiones que no se han conseguido atajar, como el elevado nivel de temporalidad del mercado laboral español, y puede que en dicha línea trabaje el nuevo Gobierno (si bien tendrá que ser imaginativo, dado que hace pocos meses Ciudadanos presentó una Proposición de Ley de lucha contra la precariedad laboral, con medidas como el contrato único)”.

“No es descartable en todo caso algún retoque de la reforma laboral. En este sentido, una de las cuestiones más demandadas por los sindicatos ha sido la eliminación de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial”.

Veremos si la ministra de Empleo hace suyo este planteamiento, que en todo caso debería dejar un espacio previo al diálogo social, para buscar medidas lo más consensuadas posibles entre patronal y sindicatos.

Para Giménez-Arnau “hay que tener en cuenta que el nuevo Gobierno debe afrontar materias que le permitan llegar a consensos amplios con otros grupos políticos, debido a su minoría parlamentaria. En este sentido una de dichas materias podría ser la relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, sobre la que el PSOE ya ha presentado una Proposición de ley, y donde es difícil anticipar una oposición frontal por parte de otros grupos”.

¿Cuál puede ser la estrategia del Gobierno sobre las pensiones?

Sobre el tema de las pensiones el presidente de FORELAB cree que “la Proposición de Ley relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2018 y de medidas urgentes de reequilibrio financiero de la Seguridad Social, presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados el 27 de febrero de este año debería dar las claves de lo que puede ser su acción gubernamental”.

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Sobre dicha proposición destaca que “pretende mantener el poder adquisitivo de las pensiones mediante su revalorización con referencia al IPC, sustituyendo (al menos temporalmente) el índice de revalorización basado en la situación de ingresos y gastos de la Seguridad Social a medio plazo (que buscaba la sostenibilidad financiera) y subraya la necesidad de acordar un nuevo principio de equilibrio presupuestario que, cuando sea preciso, ha de complementar los ingresos por cotizaciones con impuestos”.

Para este experto “La proposición de Ley incluye una referencia a la mejora de los ingresos por cotizaciones (sin especificar cómo se producirá dicha mejora). Y todo ello buscando su concreción en la Mesa de Diálogo Social, para su posterior seguimiento y evaluación en la Comisión del Pacto de Toledo”.

Para Eduardo Rojo, en materia de pensiones “cree que hay que volver a la senda del acuerdo político y social en materia de pensiones, y la aceptación en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de aplazar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, previsto para el 1 de enero de 2019, va en la correcta dirección”.

Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Junto a ello es consciente que “la mejora de la calidad del empleo y el incremento de los niveles salariales puede elevar las cotizaciones abonadas a la Seguridad Social y fortalecer su situación económica”.

Para este experto “no debe dejarse de plantear si se requiere intervenir también por la vía impositiva general, y no sólo la de cotizaciones sociales, para contribuir toda la ciudadanía al pago de determinadas prestaciones. Todo ello, insisto, en el marco de un acuerdo que afecta a toda la sociedad, ya sean jóvenes, de mediana edad, o seniors”.

No se puede derogar alegremente

Por su parte Ana Gómez, presidenta de ASNALA destaca “la nueva Ministra de Trabajo, no ha dejado indiferente. Ha sido recibida mayoritariamente, ella como todo el equipo de ministros del nuevo Gobierno, de forma positiva, como un soplo de aire fresco y de proyecto renovado de Gobierno. Como laboralista, al saber del cambio de Gobierno me inquietó el porvenir más inmediato de la reforma laboral, que había sido tan denostada por la izquierda socialista”.

Y señala que “hay que partir de que el colectivo de laboralistas, lleva seis años de aplicación más bien pacífica de la reforma importantísima de 2012 y ello pese a las reclamaciones en contra de sindicatos y partidos de la oposición (y hasta cuestiones de inconstitucionalidad). En cierto sentido pese a las dificultades iniciales cuando arrancó aquella reforma, nosotros los laboralistas nos habíamos acostumbrado a las reglas de juego del partido”.

Para esta abogada “en esas estábamos cuando de repente Magdalena sentenció que la reforma laboral no podía derogarse alegremente y desde mi punto de vista ello supuso un alivio inmediato a la inquietud inicial, y valoré muy positivamente que hubiera tenido una salida tan buena, frente a la gran faena que se le avecina dentro de su programa, aparte del pacto de Toledo y las pensiones”.

“Sin tener en cuenta los problemas de mayorías en el Congreso que el nuevo Gobierno tiene frente a sí (y a los que no escapa la señora Valerio) de cara a derogar la reforma laboral, o una buena parte de ella, haría falta un consenso político del tipo omnicomprensivo, o lo que es lo mismo la vuelta al diálogo social y entre los grupos políticos representados en el Parlamento”

A juicio de Gómez “la ocasión lo merece y creo firmemente que la señora Valerio está capacitada para emprender la senda del diálogo y el consenso antes que la fórmula del Real Decreto Ley del gobierno predecesor”.

Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y responsable del área laboral de Mariscal Abogados.

Para la presidenta de Asnala “falta por conocer exactamente que parte de la reforma laboral del 2012 se amortizará para dar paso a otra reforma, más actual y de mayor impacto social en términos de creación de empleo y de calidad. De sobra es conocido la aversión del partido que gobierna por la aplicación prioritaria del convenio de empresa, por el descuelgue del convenio y por la rebaja unilateral de los salarios y la precarización en términos de abuso de la temporalidad, de la parcialidad y de los falsos autónomos y becarios”.

En su opinión “alguna de las materias que acabo de referir, se abordarán en el corto plazo, para adaptar la actual regulación en esta legislatura. Pero no creo que la Ministra se olvide de incluir en su proyecto de reforma reivindicaciones tan poderosas como la igualdad retributiva de género, el derecho a la desconexión y la simplificación de los contratos de trabajo para reducir el abuso a la excesiva temporalidad. Estaremos alerta para estar permanentemente al día, porque nos va la vida profesional en ello”.

Los desajustes de la reforma laboral que deben corregirse

Para Eduardo Rojo “la reforma laboral de 2012 introdujo un amplio desajuste en el poder negociador de la parte empresarial y la trabajadora, tanto en el ámbito individual como colectivo, que considero necesario rectificar en beneficio de la cohesión social”.

A su juicio “pasa por devolver el poder de organizar la estructura de la negociación colectiva a los agentes sociales, para que ellos decidan la importancia que, en su caso, deba tener cada nivel negocial y en su caso el convenio colectivo de empresa (artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores o LET) así como también por devolver a la vía negocial, y en caso de desacuerdo a fórmulas pactadas de solución del conflicto, la modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41 de la LET).

Otro tema que considera importante seria “apostar por senda del acuerdo entre las partes para un posible descuelgue del convenio colectivo estatutario y en caso de desacuerdo acordar fórmulas de solución del conflicto, sin intervención de terceros (artículo 82.3 de la LET)”.

Al mismo tiempo cree que “sería conveniente explorar formulas pactadas de solución de la falta de acuerdo en la negociación de convenio, por lo que la regulación de la ultraactividad del artículo 86.3 de la LET también debería ser objeto de adecuación”.

Otra cuestión que destaca es “una regulación que devuelva a las modalidades contractuales de duración determinada y a la de tiempo parcial la razón de ser que justifica su existencia, controlándose de forma mucho más intensa por la Inspección de Trabajo las actuaciones no conformes a derecho”.

Y en este terreno destaca “en especial por lo que respecta a la causa de los contratos temporales y al respeto de la jornada y horario de las personas contratadas a tiempo parcial, ya que la mayor flexibilidad introducida en el art. 12 ha redundado, como se ha constatado por la ITSS, en un serio debilitamiento de los derechos de los trabajadores y una especial afectación negativa para la conciliación de la vida familiar y laboral”.

Para Rojo “no menos importante es actuar, y ello no requiere de modificaciones legales sino del cumplimiento estricto de la normativa vigente, contra la proliferación de falsos autónomos, reservando esta figura a los supuestos en los que realmente existe una actuación empresarial con un fin lucrativo y con plena independencia jurídica respecto al cliente