Los jueces procesaron o juzgaron por corrupción a 85 personas en un total de 17 procedimientos. Dictaron en el primer trimestre del año 20 sentencias en causas por delitos de corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias.
Lo que equivale al 75 por ciento del total. También dictaron auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, en el marco de 17 procedimientos.
Así lo ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha presentado la estadística sobre procedimientos por corrupción correspondiente a los tres primeros meses del año. Los datos corresponden a la denominada corrupción pública, «entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía», subraya el órgano de gobierno de los jueces.
Los procedimientos judiciales divulgados tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
El Código Penal español no contempla un delito específico de corrupción, sino que bajo esta definición encajan los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Los juzgados valencianos fueron los que más personas acusaron (40 en seis procedimientos); seguidos de los andaluces, que fueron contra 22 personas en cuatro procedimientos. Cabe destacar que no se ha registrado ninguna apertura de juicio oral o procesamiento por corrupción en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Población reclusa
El repositorio también ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa. La información que recoge se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario -como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados.
A 1 de abril de este año había 73 penados por corrupción en España, en 43 casos en los que el de malversación es el delito principal y en otros 16 con el de cohecho. Otras 11 personas se encuentran en prisión preventiva.
En las cárceles españolas hay unos 90 políticos y funcionarios por corrupción, según un informe del Consejo General del Poder Judicial. En 42 casos el delito principal de la condena es la malversación y en otros 21, el cohecho. Hay centenares de casos abiertos, como ‘Gürtel’, los ERE de Andalucía y los distintos procedimientos que afectan al ‘clan Pujol’. Andalucía y Baleares, y Galicia son las comunidades autónomas donde se han dictado más sentencias condenatorias por corrupción. Con información de EP
