Carlos Lesmes, presidente del órgano de los jueces y del Tribunal Supremo, defendió ayer, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la calidad de los nombramientos realizados por su Consejo, muchos de los cuales se han visto envueltos en fuertes críticas por no estar basados en los principios de mérito y capacidad.
«Los nombramientos de este Consejo, y de los anteriores, son buenos nombramientos. Sólo tiene que conocer quiénes son presidentes de los Tribunales Superiores, de las Audiencias Provinciales, y conocer a los magistrados del Tribunal Supremo y verá que son excelentes jueces, personas que tienen una gran competencia profesional y, por lo tanto, no han sido mal seleccionados», defendió Lesmes.
Sin embargo, sí admitió que el único requisito que exige la Ley, que es tener 15 años de antigüedad en la carrera judicial -que la tienen más del 60 por ciento de la carrera judicial-, «pues se genera esa percepción de que unos son afortunados y otros desafortunados con los nombramientos y no hay certeza para saber cómo llegar a las más altas responsabilidades en la carrera».
Desde su punto de vista, se pueden introducir los factores de los que tanto se habla, de mérito y capacidad, pero la Constitución dice que dichas exigencias deben estar incluidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Llegado a este punto, Lesmes se confesó como un «decidido partidario» de que se modifique la ley y que se introduzcan los requisitos que hay que tener para que los profesionales de la magistratura sepan lo que hay que tener para llegar a ser presidente de un tribunal o al Tribunal Supremo.
«Tenemos países cercanos que lo tienen y lo hacen muy bien, como por ejemplo Portugal. Tienen un sistema de evaluación profesional de los jueces desde que entran en la carrera judicial que es muy aceptado por los jueces que determina en grado de certeza y seguridad quien llega al Tribunal Supremo. Eso eliminaría muchas percepciones que deterioran la imagen de la Justicia y del poder judicial», afirmó.
Próximamente, el Consejo tiene que afrontar la elección de un magistrado especialista para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para el que hay 22 candidatos, y tres magistrados para la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
