La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha pedido el archivo contra el ministro Luis Planas en el caso de unas captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana cuando éste consejero de la Junta.
El Ministerio Público considera que «no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación».
El fiscal encargado de la causa, Alfredo Flores, interesa el sobreseimiento para Planas y para las dos ex secretarias generales de esta Consejería en las citadas fechas.
El auto señala que «la única conexión de los reseñados investigados es el hecho de haber ocupado como titular, en el caso de Planas, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía o la Secretaría General de Agricultura y Alimentación de dicha Consejería, en el caso de las dos exsecretarias».
En este sentido, ha asegurado que, según las declaraciones de los tres como investigados, «no resulta acreditada a nivel indiciario» su participación ni tampoco «una omisión análoga de aquella en relación con las fincas y explotaciones y en concreto con los hechos objeto de investigación penal que haya facilitado su comisión».
Es más, ha precisado que la propia Junta abrió expedientes sancionadores a las empresas investigadas y también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, «si bien con poca eficacia».
15 ACUSADOS
El fiscal Flores acusa a 15 personas, entre los que destacan los exalcaldes de Almonte (Huelva), el socialista Francisco Bella y el ‘popular’ José Antonio Domínguez. Otros son titulares de las explotaciones sitas en la finca Matalagrama de Almonte y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayoría agricultores.
Esta causa comenzó en agostó de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria y el Ayuntamiento de la localidad.
Flores precisa que, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, conscientes de la falta de autorización legal para ello, han venido extrayendo agua del acuífero 27 para regar sus explotaciones«.
En todas las explotaciones, continúa, «se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en el periodo de 2009 a 2012 y dicha detracción ha alterado el balance hídrico generando un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana, así como sobre las especies que alberga y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial».
Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana y conocedores del «delicado estado del acuífero», expresa:
«Desde que en 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la CHG, ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a «solucionar el problema».
Dice que los regidores «les comunicaron que todo era un error, que ellos se ocuparían de todo y le darían una solución política al tema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero».
CERCA DE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
En concreto, según los volúmenes propuestos por la Unidad técnica de la Fiscalía de Sala, estos agricultores obtuvieron beneficios derivados de la extracción ilegal entre 8.500 y 108.000 euros.
De acuerdo a los volúmenes propuestos por el RD 670/2013 y teniendo en cuenta en beneficio de los acusados la consideración de que existía en todas las explotaciones riego por goteo, alcanzaron unos beneficios entre los 13.200 euros y los 274.000.
Los hechos anteriores constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas, causando riesgo de un perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales del Espacio Natural Doñana. Especifica que, alternativamente, para el caso de no apreciarse, a consecuencia del comportamiento de los acusados la concurrencia de una situación de riesgo de grave perjuicio en el equilibrio del sistema natural de Doñana, su conducta constituiría un delito de usurpación-distracción de aguas.
Por estos hechos, solicita a cada uno de ellos las penas de tres años y diez meses de prisión, el pago de una multa de 12.200 euros, y alternativamente, una multa de casi 11.000 euros.
DOS AÑOS Y DIEZ MESES PARA LOS ALCALDES
Para los exrgidores pide las penas de dos años y diez meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de casi 5.500 euros.
A su vez, alternativamente, en caso del otro delito, una multa de 3.600 euros. Del mismo modo, impone a cada una de las empresas una multa de 24.400 euros.
También solicita el precinto definitivo de los pozos-sondeos declarados ilegales, que en un principio se hizo de manera cautelar. Con información de EP.
