La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se pasó de frenada el pasado viernes, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, al anunciar que el Ejecutivo iba a «estudiar la personación del Estado en defensa de las víctimas de agresión sexual».
Sus palabras formaron un caldo de cultivo compuesto de sorpresa, indignación y perplejidad entre las filas de los fiscales que hoy se ha materializado en un comunicado público de la Fiscalía General del Estado -bajo la dirección del teniente fiscal, Luis Navajas, después del cese de Julián Sánchez Melgar, el pasado sábado – en el que ponen los puntos sobre las íes.
«La Fiscalía General del Estado quiere informar a los ciudadanos de que la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia, por mandato constitucional (artículo 124 de la Constitución Española) y estatutario (artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), se puede leer en la nota hecha pública desde la madrileña calle Fortuny, sede central de la Fiscalía General del Estado.
«Esta ha sido, y continuará siendo, la posición y la práctica del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales, llevando a cabo su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima», concluyen.
A esto se llama marcar el territorio con contundencia.
El pasado sábado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria también dio por el mismo sitio reclamando, públicamente, formación constitucional para el poder ejecutivo, tras las mismas declaraciones de Celaá.
