La Fiscalía de área de Móstoles ha presentado una querella ante el juzgado de instrucción decano de Móstoles contra el alcalde de Villaviciosa de Odón José Jover Sanz, los tenientes de alcalde, Joaquín Navarro Calero y María Ángeles Méndez Díaz y el concejal David Prieto Giraldes, todos del PP, así como contra Mercedes Castañeda Abad (PSOE) y Miguel Ángel Sáinz Santos (Ciudadanos).
Todos ellos son acusados de supuestos delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad en documento público.
La querella va también dirigida contra la empresa Pescaderías Coruñesas, S.L., la mayor empresa de venta de pescado de España, y contra su dueño, Diego García Azpiroz.
El origen de los hechos se remonta a 1992. Ese año la sociedad Pescaderías Coruñesas S.L. compró la finca “El monje” o “La Alabada” que 7 años más tarde fue declarada Espacio Natural Protegido, porque se halla enclavada en el Parque Regional de Guadarrama, y clasificada como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección”.
La concesión de la licencia autorizaba a la rehabilitación del palacete pero la empresa de la que era apoderado y administrador Diego García Azpiroz “llevó a cabo una edificación de considerables proporciones, con aumento de superficie y volumen edificados”.
Pese a ello, la Fiscalía señala que “al menos” desde el 23 de abril de 2016 la mercantil o empresas vinculadas a la misma comenzaron a desarrollar la celebración de eventos públicos, “singularmente bodas”, con asistencia de más de cien invitados y estacionamiento de vehículos “careciendo de la correspondiente licencia de actividad del ayuntamiento”.
La empresa de García Azpiroz no contaba con la licencia municipal adecuada para esas celebraciones.
El edil de Industria y Comercio del Ayuntamiento, Agustín Reguera Barba -concejal del PP, no querellado por la Fiscalía- a raíz de una denuncia, abrió, el 18 de junio de 2016, un expediente sancionador a la empresa citada.
Sin embargo, el alcalde, Jover Sanz, “con el propósito de favorecer los intereses” de Pescaderías Coruñesas, S.L. impartió instrucciones verbales “careciendo de cobertura legal para ello”, con el fin de que la Policía Local no realizara inspecciones en la finca sin su consentimiento.
Cinco bodas
Tras la primera denuncia entre junio y septiembre de 2016 se celebraron otras cinco bodas.
Fue entonces cuando la concejal de Medio Ambiente, María Martín Revuelta -también concejal del PP, no querellada-, acordó la incoación de otro expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y la suspensión “inmediata” de las actividades desarrolladas “ilícitamente” en la finca.
A pesar de que la resolución fue notificada a la mercantil la Policía Local comprobó la celebración de otros dos eventos ambos “con gran afluencia de público” los días 8 y 9 de octubre de 2016.
Durante 2017 Pescaderías Coruñesas continuó celebrando eventos públicos en la finca a lo que siguió la apertura de otro expediente sancionador por parte de la concejal.
Mientras, el alcalde se dedicaba a impartir instrucciones verbales al concejal de Seguridad y al suboficial Jefe del Cuerpo de Policía Local para que “no se volviese a enviar a la finca a la Policía sin su consentimiento ni autorización expresa”.
El proceso sancionador incoado el 18 de julio de 2016 formuló una propuesta de resolución en la que se imponía a la empresa una sanción de 60.001 euros.
Sin embargo, el alcalde “con ánimo dilatorio” acordó devolver el expediente a la instructora para la práctica de actuaciones complementarias.
También eliminó hasta tres veces del orden del día “sin justificación alguna” el debate sobre el cese de las actividades de Pescaderías Coruñesas S.L.
“El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dice la Fiscalía en su querella- con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil Pescaderías Coruñesas, S.L. procedió, desde el mes de abril de 2016, no sólo a tolerar la celebración de eventos, singularmente bodas, en la finca El Monje, a pesar de conocer que los mismos carecían de la preceptiva licencia municipal, sino a oficiar bodas civiles en dicho lugar, autorizándolas él mismo o disponiendo la asistencia de concejales del ayuntamiento en quienes delegaba la competencia al efecto”.
Y ello a pesar de que Dirección General de Medio Ambiente comunicó al consistorio que sólo estaban habilitados por el Ayuntamiento dos locales para la celebración de bodas por el alcalde o concejales delegados: el Salón de Plenos y la Casa-Palacio Manuel de Godoy.
Es más, la Fiscalía acusa al alcalde de alterar “conscientemente” las actas de celebración de matrimonios haciendo constar “mendazmente” como lugar de celebración dichos locales municipales “cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada El Monje”.
Otra cuestión que quiere averiguar la Fiscalía son los motivos que llevaron al alcalde a no estampar su firma en un escrito de alegaciones elaborado por los técnicos para oponerse al cambio de titularidad de unos caminos que discurrían por la finca y que figuraban en el catastro como titularidad del Ayuntamiento en favor de la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L.
Pescaderías Coruñesas, S.L. factura más de 3 millones de euros anuales. Su propietario es también dueño de la empresa de cátering Aldaba, que ofrecía los servicios de bodas en la finda investigada. Además posee los restaurantes O’Pazo, El Pescador y Filandón.
