El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nombramiento de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, María José Segarra, como nueva fiscal del Estado, tras recibir los avales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso de los Diputados.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, antes de proceder a la lectura de los principales acuerdos alcanzados este viernes en una reunión a la que no ha asistido el presidente, Pedro Sánchez, al encontrarse en Bruselas en la cumbre de los líderes de la Unión Europea -con los jefes de Estado o de Gobierno de cada país miembro-.
Tras su nombramiento, la nueva fiscal general prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo el martes 4 de julio, según la Fiscalía.
La Comisión de Justicia examinó este miércoles los méritos y la idoneidad de Segarra para hacerse cargo del Ministerio Público donde afirmó que durante su mandato la «autonomía» de la Fiscalía estará garantizada y que su gestión se centrará en la «defensa activa de la ley».
En este sentido, recalcó que «el Ministerio Fiscal está vinculado en lo material, y subrayo en lo material, al Ministerio de Justicia» porque al fiscal general del Estado «no se le pueden dar órdenes de ningún tipo», pues así lo dice el Estatuto Orgánico de los fiscales.
Precisamente, en el Estatuto Orgánico también se exige que el órgano de gobierno de los jueces de el visto bueno de su nombramiento, trámite que superó con éxito el pasado 15 de junio, que aceptó su candidatura por unanimidad del Pleno.
Ni el informe del CGPJ ni el examen del Congreso de los Diputados son vinculantes, pues el Poder Judicial sólo hace una mera constatación de que la nueva máxima autoridad de los fiscales ha sido elegida entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y los diputados expresan su opinión sobre su candidatura.
Segarra sustituirá en la Fiscalía General del Estado a Julián Sánchez Melgar, que cesó automáticamente del cargo cuando salió adelante la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
El mandato del fiscal general del Estado es de cuatro años -la duración del Gobierno-, pero en este caso, al haber transcurrido ya dos años de legislatura, Segarra estará en el cargo al menos hasta la nueva convocatoria de elecciones.
El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español» y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo». En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.
30 AÑOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO
Nacida en 1963, María José Segarra es miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), al igual que la ministra de Justicia, Dolores Delgado. El pasado mes de abril fue designada, también como Delgado, miembro del Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo que asesora al fiscal general.
Segarra, que el pasado otoño celebró 30 años como miembro del Ministerio Público, comenzó ejerciendo en Barcelona de la mano de Carlos Jiménez Villarejo y después fue destinada a Sevilla, donde desde hace 12 años ejerce de fiscal jefe. En dicho puesto coordinó el arranque del caso Mercasevilla, que fue el germen de la causa de los ERE que ahora se está juzgando, si bien dicho procedimiento pasó a ser responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción.
Durante la defensa de su candidatura al Consejo Fiscal, Segarra destacó la importancia del despliegue territorial de las fiscalías, del desarrollo digital –que actualmente presenta importantes carencias– y llamó la atención sobre las escasas plantillas en las secretarías de las fiscalías. EP.
