Una actuación que pone en valor una Fiscalía independiente y comprometida con la legalidad constitucional, siempre en entredicho por la vinculación que pesa entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno.
Maza y Sánchez Melgar, los fiscales generales que pusieron en marcha la maquinaria judicial para la detención y enjuiciamiento de Puigdemont
José Manuel Maza, de quien hoy se conmemoran 6 años de su inesperado fallecimiento, firmó la querella por rebelión y Julián Sánchez Melgar ordenó la detención
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18/11/2023 00:45
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Actualizado: 18/11/2023 08:55
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José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar son los fiscales generales del Estado que pusieron en marcha la maquinaria judicial para la detención y enjuiciamiento del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont por el ‘caso procés’.
Y posteriormente, María José Segarra continuó con la actuación de la Fiscalía hasta llegar al enjuiciamiento.
Maza, de quien hoy se conmemoran 6 años de su inesperado fallecimiento, fue el fiscal general que firmó la querella por rebelión que se remitió al Tribunal Supremo (TS), lo que dio lugar a la designación del magistrado Pablo Llarena como instructor de ese famoso procedimiento que va a quedar borrado a todos los efectos si prospera la Proposición de Ley de amnistía.
Tras su muerte, le relevó Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, quien también tuvo mandato breve, del 12 de diciembre de 2017 al 22 de junio de 2018 -el de Maza fue de un año-, en el que supo combinar autoridad con democracia y una política de comunicación y transparencia.
Sánchez Melgar fue el fiscal general que ordenó la detención de Puigdemont cuando en enero de 2018 el político, huido de España en el maletero de un coche y en libertad sin medidas cautelares, anunció que iba a viajar de Bélgica a Dinamarca a dar una conferencia. Aunque pesara sobre él una orden de detención internacional lo anunció y materializó.
Aquello, para el entonces máximo responsable de la Fiscalía española era “una provocación al Estado de Derecho”, según declaró tiempo después Julián Sánchez Melgar en una entrevista en Confilegal, en la que relató cómo vivió aquel momento y que puede leer pinchando aquí.
Al conocer que había salido de Bélgica rumbo a Copenhague, él, como máximo responsable de la Fiscalía, remitió un escrito a Llarena solicitando que se reactivara la euroorden de detención y entrega por los presuntos delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos.
“No nos podíamos permitir semejante desafío internacional. Que se paseara por Europa sin hacer nada”, declaró en su día Sánchez Melgar. Además, el instructor del caso ‘procés’ no podía reactivarla de oficio, necesitaba del concurso de la Fiscalía. Sin embargo, la petición fue denegada.
No obstante, Llarena mantuvo vigente la orden de detención nacional que conlleva su arresto en territorio español.
El mandato del fiscal general es de cuatro años, pero como establece el artículo 31.e del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), cesa “cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto”, por lo que tras la moción de censura de Pedro Sánchez (PSOE) a Mariano Rajoy (PP), Julián Sánchez Melgar puso el cargo a disposición de la ministra de Justicia, que entonces era Dolores Delgado.
Le sucedió María José Segarra, quien prosiguió persiguiendo los hechos relacionados con el ‘procés’.
Al dictar el juez el auto de procesamiento, se reactivó la euroorden y Puigdemont fue detenido en Alemania, en un movimiento de huida. Y el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein resolvió que Puigdemont sólo sería extraditado a España por malversación y no por rebelión. ¿Se extralimitó?
La Fiscalía, entonces dirigida por María José Segarra, acusó al tribunal alemán de “incumplir el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega” al aceptar la extradición sólo por malversación.
A juicio del magistrado y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, el tribunal regional alemán se extralimitó “al analizar una serie de cuestiones fácticas que no le incumbían”, según declaró en su día en la citada entrevista.
En noviembre de 2018, durante la etapa de Segarra como fiscal general, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, nombrada en julio de aquel año por el Gobierno de Sánchez, ordenó a su equipo que se rebajara la acusación de rebelión a secesión, retirando del escrito de acusación todo lo referido a la violencia.
Sin embargo, el abogado del Estado Edmundo Bal Francés mantuvo la acusación y Castro lo destituyó como jefe de Penal de la Abogacía del Estado por “pérdida de confianza”, y fue apartado del caso.
La actuación de estos tres fiscales generales del Estado en aquella etapa convulsa de nuestra historia pone en valor una Fiscalía independiente y comprometida con la legalidad constitucional, siempre en entredicho por la vinculación que pesa entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno.
Maza, Sánchez Melgar y Segarra actuaron en este capítulo de nuestra historia reciente, en el ejercicio de su función, absolutamente independientes del Gobierno. Como fiscales generales del Estado, que no del Ejecutivo.
Cómo ha evolucionado esta historia es conocido por todos: el Tribunal Supremo juzgó y condenó a los líderes del ‘procés’, el Gobierno les indultó, se han rebajado penas por malversación, se ha borrado el delito de sedición del Código Penal, y se ha negociado con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho.
REIVINDICACIONES HISTÓRICAS QUE TODAVÍA NO HAN SIDO ATENDIDAS
Una nayor autonomía para la Fiscalía es una reivindicación histórica de los sucesivos fiscales generales que, sin embargo, no ha sido atendida y que pasa principalmente por presupuesto propio y no depender del Ministerio de Justicia.
En definitiva, cortar el “cordón umbilical” de la Fiscalía con el Ministerio y blindar a la institución de injerencias políticas para hacer realidad el funcionamiento “mediante órganos propios” que proclama el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, porque, como han venido exponiendo los diferentes fiscales generales, la vinculación orgánica del Ministerio Fiscal con el Poder Ejecutivo continúa siendo un lastre para la imparcialidad plena.
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