La Asociación de Fiscales ve ‘lamentable’ la destitución del abogado del Estado que defendió la rebelión en el caso procés
La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, en el interior de la Fiscalía General del Estado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

La Asociación de Fiscales ve ‘lamentable’ la destitución del abogado del Estado que defendió la rebelión en el caso procés

DESTACA QUE Edmundo Bal “es un profesional de primer orden” y “un referente en la Abogacía del Estado”
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23/11/2018 07:00
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Actualizado: 23/11/2018 18:36
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La Asociación de Fiscales (AF) califica de “lamentable” la destitución de Edmundo Bal, el abogado del Estado que defendió acusar por el delito de rebelión a los líderes independentistas, “y sobre todo si es, además, por las razones por las que se está diciendo en la prensa que ha sido, por no compartir el criterio y por oponerse a una orden que él no consideraba adecuada, por no permitirle tener un criterio jurídico”.

Así lo ha manifestado a Confilegal la fiscal Cristina Dexeus, presidenta de esta asociación y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según informaron el miércoles fuentes del Ministerio de Justicia a las agencias Europa Press y EFE, Edmundo Bal ha sido apartado de esta responsabilidad como jefe de lo Penal, debido a la pérdida de confianza de la jefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro, al oponerse al criterio de acusar a los líderes del proceso separatista por el delito de sedición.

Edmundo Bal Francés se graduó en la Complutense y se convirtió en abogado del Estado con 25 años; ha trabajado en el Juzgado de lo Social de Madrid, en el TSJ de Madrid y como letrado de bufete particular./ Ecofin

Bal, que ha sido el encargado de defender al Estado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo, no impugnó durante todo el procedimiento el criterio de la Fiscalía de que se pudo cometer un delito de rebelión, si bien en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado presentado el pasado 2 de noviembre se optó finalmente por acusar por el delito de sedición.

Castro, que fue quien lo firmó optó por rebajar la acusación a penas inferiores. Por ejemplo, en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, que es el principal acusado, la Fiscalía pide 25 años de prisión y la Abogacía del Estado, 12.

A la presidenta de la Asociación de Fiscales le parece «lamentable que no se le permita tener un criterio estrictamente jurídico».

«Conociéndole entiendo que lo único que lo ha movido a mantenerse en esa posición es su convicción profesional y jurídica de que debía calificar los hechos como delito de rebelión”, ha señalado Dexeus, y ha destacado que “es un profesional de primer orden” y “un referente en la Abogacía del Estado”.

Bal tiene 25 años de trayectoria como abogado del Estado, 16 años de ellos al mando de los servicios jurídicos del Estado en el ámbito penal bajo gobiernos del PP y del PSOE. Su nombre sonó como candidato a ser abogado general del Estado.

En este tiempo ha dirigido la acción jurídica del Gobierno en causas como la del clan Pujol, el ‘procés’ y la Gürtel, proceso éste último cuya sentencia fue precisamente el origen de la moción de censura en el Congreso del PSOE contra Mariano Rajoy, que provocó la caída del ‘popular’ y su sustitución por el líder del PSOE, Pedro Sánchez. 

«Debe ser una sentencia con la que todo empresario que esté en la tentación de sobornar diga: ‘¡Qué miedo!'», aseguró Bal, que ahora ha sido cesado por la abogada general del Estado nombrada el pasado junio por el Ejecutivo de Sánchez.

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, prometiendo su cargo./ Ministerio de Justicia

“En julio hicimos un curso en Santander en el que participó Edmundo Bal y francamente evidenció su profesionalidad, su alto grado de preparación y la unidad que había con los abogados del Estado presentes”, ha relatado Cristina Dexeus.

Se refiere al encuentro Proceso penal: derechos fundamentales e incidencia en otros procedimientos judiciales y administrativos, que la Asociación de Fiscales organiza cada verano en esa comunidad con la Asociación de Abogados del Estado y la Asociación Profesional de la Magistratura.

En la última edición Bal dio una ponencia titulada “Proceso penal y procedimiento inspector en los delitos contra la Hacienda Pública”.

Tras conocer su destitución, la Asociación de Fiscales publicó un tuit para “expresarle públicamente su respaldo”. Y en su mensaje citó al Ministerio del Interior y a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que se enterasen:

MARLASKA DICE QUE LA DESTITUCIÓN NO TIENE RELACIÓN CON EL CASO DEL ‘PROCÉS’

Aunque el miércoles fuentes del Ministerio manifestaron a las agencias de noticias citadas que los motivos de su destitución por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, eran «pérdida de confianza» y que detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del ‘procés’, después de que Castro optara por acusar a los procesados de sedición y de malversación y no de rebelión, ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la destitución no tiene «ninguna relación» con el caso del ‘procés’.

Preguntado por este asunto en el Palacio de Justicia de Bilbao, donde participó en una jornada sobre inmigración, ha rechazado dar su opinión porque no conoce las circunstancias en las que se ha producido el relevo, ya que no es competencia de su Ministerio, pero ha afirmado que «no tiene ninguna relación» con la gestión del ‘caso procés’.

CIUDADANOS PIDE A DELGADO QUE EXPLIQUE EN EL CONGRESO LAS RAZONES DEL CESE

Ciudadanos registró ayer en el Congreso una petición para que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, explique en la Comisión del ramo «las razones».

Además, el líder de la formación, Albert Rivera, ha acusado a Sánchez de «purgar a los que discrepan», por haber cesado a Edmundo Bal. «Sánchez está haciendo todo lo posible para que no estén en la cárcel y para que la sentencia sea menor» y, por si acaso, «les ha prometido un indulto para que haya impunidad», ha afirmado.

El próximo sábado, Rivera y el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, liderarán la concentración convocada por la plataforma civil de Cs en Madrid con el fin de pedir al Gobierno que no indulte a los líderes del proceso independentista que sean condenados por los tribunales y reclamar al presidente que convoque ya elecciones generales.

Autobús de España Ciudadana, la plataforma de Ciudadanos, frente al Congreso de los Diputados./ España Ciudadana

Rivera ha advertido a Sánchez de que el «Frankenstein» que ha creado al aliarse con Podemos y los partidos independentistas catalanes «se le ha ido de las manos», y le ha pedido que se aleje de ellos y permita que el PSOE «vuelva al constitucionalismo».

Además, ha denunciado que los partidos independentistas se dedican a «acosar a jueces y fiscales y a señalar a quien piensa distinto» en Cataluña, y en el Congreso intentan «liquidar la confianza de los españoles en la política y deslegitimar las instituciones».

Ha propuesto aplicar la reforma que propone Cs para exigir al menos un 3% de los votos a nivel nacional para poder tener representación en el Congreso, de manera que los partidos independentistas y nacionalistas que ahora están en la Cámara Baja solo tengan escaños, en su caso, en el Senado.

MAILLO CONSIDERA LA DESTITUCIÓN ‘UNA CONCESIÓN MÁS AL INDEPENDENTISMO’

El secretario ejecutivo de Justicia del PP y exministro de Justicia Rafael Catalá también se ha pronunciado sobre la destitución de Bal Francés. Ha destacado el «magnífico trabajo» con «alta calidad jurídica» que ha realizado estos años.

Catalá ha explicado que lo conoce desde «hace más de 15 años», que es un «extraordinario jurista», un «magnífico servidor público» y que durante su etapa como ministro lo ha hecho «con total calidad». Por ello, le parece un «cese sorprendente», aunque ha reconocido que es «legal» porque como funcionario ocupa un puesto de libre designación y puede ser cesado.

Para el excoordinador general del PP Fernando Martínez Maillo, se trata de una «concesión más al independentismo». En su opinión, es una «actitud más de complacencia ante el independentismo porque Sánchez es presidente por Rufián», portavoz adjunto de ERC, que el miércoles protagonizó un rifirrafe con el ministro José Borrell.

Maillo ha cargado contra Sánchez, por culpar de la crispación política en la misma medida a su líder, Pablo Casado, y a Rufián, así como por no apoyar al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de los ataques de los independentistas.

Ha dicho que durante el Pleno del miércoles, en el que Rufián llamó «indigno» a Borrell y acabó expulsado, el separatista «actuó como siempre» y quedó claro que hay «un ministro que le hace frente al independentismo».

«Parece que eso a Sánchez no le gusta demasiado y quizá es porque la Presidencia del Gobierno se la debe a Rufián», ha argumentado.

Maillo ha tachado de «lamentable» que el presidente no haya tenido ni un gesto público o unas declaraciones de «apoyo» a Borrell./ EP

DEXEUS AFIRMA QUE ‘EL ESTADO ESTÁ DESAPARECIDO DE CATALUÑA’ Y QUE LOS FISCALES SE SIENTEN ‘ABANDONADOS’

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que es catalana, y desempeña su trabajo en esta región española, ha reconocido que la situación que hay «no es cómoda para trabajar».

«Esta situación, donde estamos en la picota constantemente o se nos puede llegar a considerar un órgano represor de un Estado fascista, es algo absolutamente indeseable», ha explicado Dexeus.

En la misma red social donde ha sacado la cara por Edmundo Bal, esta asociación tiene fijado un mensaje sobre «las enormes dificultades» con las que han de ejercer los fiscales en esa provincia, también de apoyo a sus compañeros.

Dexeus ha relatado que «hay compañeros que ya se están marchando, están concursando» y «algunos con suerte han logrado plaza».

Y ha hecho hincapié en que «el Estado debe evitarlo, propiciando que se queden».

Cristina Dexeus, ante la puerta principal de la Fiscalía General del Estado, en la madrileña calle de Fortuny. Carlos Berbell/Confilegal.

«Los fiscales, nos sentimos abandonados por el Estado, que está desaparecido en la crisis de Cataluña y nos entra cierto desconsuelo, hasta el punto de que muchas veces pensamos en tirar la toalla e irnos, pero seguimos aquí, haciendo nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, y deseando que quienes desempeñan ahora funciones de relevancia política, vuelvan a la senda de la sensatez y la cordura”, ha manifestado.

Por otra parte, preguntada sobre cómo se ve desde la Asociación de Fiscales la situación de la Justicia en España, ha destacado que «necesitada de una profunda reforma».

«Necesitamos saber qué tipo de Justicia buscamos, sobre todo en el ámbito penal, se necesita autonomía presupuestaria, de gestión y reglamentaria para la Fiscalía General«, ha añadido.

Respecto a si el fiscal es independiente, ha afirmado que «individualmente lo es», que «tiene mecanismos para oponerse a lo que diga la jefatura, y, en principio, la independencia personal o individualmente está garantizada».

“Los fiscales no admiten órdenes para que en casos concretos se haga o se deje de hacer, o se actúe de una forma determinada”, ha destacado.

No obstante, ha puntualizado: «Otra cosa es que como institución necesitamos desvincularnos del Ministerio de Justicia, porque actualmente controla nuestros presupuestos, nos reglamenta, nos gestiona, y eso no debería ser«.

«Deberíamos tener la autonomía suficiente para gestionarnos», ha reivindicado.

Por una mayor independencia judicial, más autonomía del Ministerio Público, y unas mejoras salariales y profesionales, la Asociación de Fiscales hizo huelga el pasado lunes junto a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra-, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), y Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y Foro Judicial Independiente (FJI).

Concentración el pasado lunes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de representantes de las 7 asociaciones de jueces y fiscales acompañados por miembros del colectivo./ Confilegal

Según las asociaciones, la secundaron más de 3.300 jueces y 1.004 fiscales.

«Seguiremos en la lucha por una Administración de Justicia de calidad, eficaz e independiente», ha sentenciado Cristina Dexeus.

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