En un escrito que la Fiscalía ha trasladado esta mañana a la Sala Penal del Tribunal Supremo en relación a la modificación de las medidas cuatelares en cuanto a la prisión provisional sin fianza de los detenidos del ‘procés’, acusa a la justicia alemana, y en concreto, al tribunal de Schleswig-Holstein de haber actuado incumpliendo «el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega».
Mala aplicación de la normativa de la euroórden
Añade la Fiscalía que parece que este órgano «ha ignorado» la normativa reguladora en el aspecto concreto donde se establece que la euroórden «una vez constatada la doble incriminación de los hechos, el Estado de ejecución -en referencia a Alemania- no deberá tener en cuenta los elementos constitutivos del delito ni la concreta calificación del mismo para resolver sobre la decisión de entrega».
De haberse interpretado la normativa tal cual, el tribunal alemán no hubiera dictado la resolución denegatoria de la entrega por rebelión, recoge el escrito, ya que, «tras analizar, examinar y valorar los elementos específicos que integran este delito, en particular la concurrencia de la «violencia», requisito de la tipicidad que se menciona tanto en el Código penal español como en el Código penal alemán, concluyó que en el caso concreto, pese a reconocer que ha existido violencia, considera que no se ha constatado un grado de violencia suficiente para poner en peligro el orden constitucional español».
Intromisión en la competencia de tribunales españoles
Además, en opinión del Ministerio Público, se ha producido una «intromisión en la jurisdicción de los Tribunales españoles», ya que el tribunal alemán entró a examinar «cuestiones de fondo en el asunto», es decir, asumió «las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».
Este extremo «dificulta notablemente la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a semejante decisión», señala el escrito que también es tajante a la hora de colocar a los Tribunales españoles en la «competencia exclusiva y excluyente» de valorar la mayor o menor relevancia penal de los hechos -el ‘procés’ y su concreta calificación jurídica.
Los detenidos del ‘procés’
El Ministerio Público se opone a la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Cuixart porque considera que las circunstancias que llevaron a su ingreso en prisión provisional no han variado.
En su opinión, la gravedad de los delitos por los que están procesados y la «magnitud de las penas» que acarrearían, además de que considera que sigue habiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva, «convierten la prisión provisional sin fianza en cautela imprescindible para garantizar su sujeción al proceso y el normal desarrollo del mismo».
La Fiscalía subraya, además, que tanto el riesgo de fuga como el de reiteración delictiva son «manifiestamente perceptibles en este caso», sobre todo por el hecho de que hay procesados en la causa que continúan fugados así como la «insistencia en seguir adelante con el proceso de independencia».
